uego de la demostrada incapacidad de las fuerzas regulares –tanto la policía como el Ejército– para poner un alto a la ola delictiva y el baño de sangre cotidianos que azotan a Ciudad Juárez, y después de las más de 2 mil 500 ejecuciones que se han registrado en esa localidad en lo que va de la administración calderonista –incluida la masacre, ocurrida el fin de semana pasado, de 15 jóvenes a manos de un comando–, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, solicitó ayer el traslado de los tres poderes de esa entidad a la convulsionada urbe fronteriza, como una forma de revertir –según dijo– la crisis de seguridad y la violencia creciente que ahí se vive.
Frente a la gravedad de la situación, la medida que se comenta se presenta, más que como una solución, como el resultado de un cálculo político inoportuno, y hasta demagógico, por parte del gobierno estatal. Si en percepción del mandatario chihuahuense el traslado de poderes a la ciudad fronteriza es la solución a sus problemas de violencia –que no son nuevos, y no lo eran de hecho hace cinco años, cuando Reyes Baeza asumió el cargo–, es obligado preguntarse entonces por qué no se tomó antes una decisión similar.
Dos elementos de contexto insoslayables a este respecto son, por un lado, la campaña que se iniciará en breve en Chihuahua de cara a las elecciones de julio próximo –en las que se renovarán, entre otras cosas, el Congreso y el gobierno estatales– y, por el otro, las críticas vertidas en contra de la administración encabezada por el propio Reyes Baeza, ante la percepción de que su gobierno poco o nada ha hecho para revertir la inseguridad que se padece en la entidad, particularmente en Ciudad Juárez. En ese sentido, la medida que se comenta plantea la perspectiva inaceptable de que en realidad se esté buscando obtener un beneficio político-electoral con el manejo oficial de un tema sumamente grave y sensible para la sociedad chihuahuense y nacional.
Por lo demás, hay consideraciones de peso para dudar sobre la eficacia de este eventual traslado de poderes en el combate a la inseguridad en la franja fronteriza: la medida, al igual que el despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública, deja sin atacar las raíces profundas de la delincuencia. A lo que puede verse, las autoridades de Chihuahua no han podido o querido comprender, como tampoco lo han hecho las federales, que los fenómenos delictivos no son más que expresiones epidérmicas que se desarrollan sobre insoslayables condiciones de debacle económica, descomposición social y quebranto institucional; no han sido puestas en marcha, por tanto, acciones de fondo para disminuir la pobreza, la desigualdad y la desazón social generalizada, ni para moralizar los ámbitos gubernamentales invadidos por la corrupción, la cual, es de suponer, persistirá independientemente de la sede del poder político en esa entidad.
En la hora presente, no hay elementos para suponer que la medida solicitada por Reyes Baeza vaya a servir de algo para contrarrestar la oleada de violencia que padece Ciudad Juárez. En suma, si las autoridades estatales y federales desean combatir efectivamente dicha problemática, se requiere que rectifiquen –como les ha sido indicado en múltiples ocasiones por voces diversas a escala nacional– las políticas económicas, sociales y de seguridad pública que ahondan y extienden el derramamiento de sangre y profundizan la percepción social de desprotección, zozobra y vacío de poder en ese conflictivo punto del territorio nacional.
