La comisión especial encargada de revisar el presupuesto de gastos fiscales de la Ley de Ingresos propondrá al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para que el Poder Legislativo tenga la facultad de discutir y aprobar cada año el monto de los beneficios tributarios que suman anualmente 500 mil millones de pesos en promedio.

Tal cantidad de recursos no ingresa a las arcas públicas porque su beneficio se traslada a sectores productivos y empresariales.

El llamado presupuesto de gastos fiscales es una cuenta que detalla los recursos que el fisco deja de captar por la existencia de regímenes especiales y tratamientos preferenciales, desde la tasa cero de IVA en alimentos hasta los beneficios en el ISR de los grandes empresarios.

Sebastián Lerdo de Tejada, presidente del órgano camaral, expuso que a la fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha elaborado un catálogo de los beneficios que reciben los sectores empresariales en el país y la ciudadanía en general a través de tasa cero en alimentos y medicamentos, subsidios al campo y al empleo. De tal forma, la Cámara de Diputados también llamará a cuentas cada año a la Secretaría de Hacienda y a los empresarios beneficiados con el régimen fiscal para que expliquen cómo han colaborado con el crecimiento de la economía.

“Queremos construir una serie de indicadores que se discutan públicamente para evaluar la pertinencia de mantener o no ciertos tratamientos fiscales especiales. Hasta ahora, la respuesta de la Secretaría de Hacienda, en la mayoría de los indicadores que solicitamos, es que éstos ‘no se describen’.

Me parece que esto no es correcto: que las arcas públicas dejen de ingresar más de cuatro puntos del producto interno bruto y no tengamos la información. Para generar una discusión seria necesitamos información, y si ésta no la proporciona la Secretaría de Hacienda la vamos a generar nosotros.

–¿Existe una legislación particular sobre gastos fiscales?

–Cuando se aprueban los ingresos, nos encontramos que tímidamente, en el artículo 18 de la Ley de Ingresos, se describe en cuatro líneas la existencia de los gastos fiscales. Eso no puede ser, cuando se está hablando de cuatro puntos del PIB. ¡Es una locura!

–¿Cómo se construirán los indicadores en el Poder Legislativo?

–Vamos a llamar a cuentas a la Secretaría de Hacienda y a los representantes de los beneficiarios de los gastos fiscales cada año. Se les va a evaluar para que la soberanía de la Cámara de Diputados decida si se mantienen o se quitan esos beneficios.

La propuesta concreta es la evaluación anual para no seguir gravando más a los de siempre, a los cautivos. La evaluación será técnica, sin que se preste a componendas porque aún nos llama la atención que la Secretaría de Hacienda no describe el detalle de lo que califica como estimaciones de los gastos fiscales.

–Si fuera el caso, ¿podría desparecer el presupuesto de gastos fiscales?

–No podemos ser tan frívolos para mantener un régimen de beneficios sin que se sepa quiénes son los beneficiarios y, sobre todo, que la autoridad no dé cuentas de montos y nombres. Es mucho el dinero que deja de ingresar al erario como para mantener el actual nivel de opacidad. –¿Los grandes empresarios no pagan y los cautivos cada día desembolsan más? –se le preguntó.

–Esto es un reclamo legítimo, pero también está el tema de las medicinas y alimentos, del crédito al salario y al campo. Insisto: debemos tener un mecanismo de evaluación real y no uno imaginario como el que tiene la Secretaría de Hacienda.

–¿Los empresarios aceptarán que se les quiten estos millonarios beneficios?

–A ver, por ejemplo los transportistas están dispuestos a pagar impuestos, ¡eh! Lo que piden es una acción concertada con el gobierno para desaparecer a los transportistas piratas.

La Secretaría de Hacienda prevé que para el presente año el monto de los gastos fiscales sume 502 mil 533 millones de pesos. De este monto, 402 mil 235 millones se destinarían a subsidios en general (no se detalla a quién beneficiarían); a las grandes empresas les corresponderían 37 mil 333 millones; a autotransporte, 19 mil 232 millones; al campo, 11 mil 222 millones; a maquiladoras, 16 mil 512 millones; al sector primario, 9 mil 479 millones; a inmobiliarias, 2 mil 464 millones; a instituciones financieras, 3 mil 888 millones; y a empresas de bebidas alcohólicas, 164 millones de pesos.