Con el propósito de acabar con la prestación ilegal del servicio, la discrecionalidad y el coyotaje, así como garantizar la seguridad de 18 millones de viajes diarios, la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) pondrá en marcha este primer trimestre del año un programa de regularización del servicio colectivo, que implicará la revisión de 30 mil títulos de concesión, que en todos los casos ya llegaron a su fin, para contar con una base de datos actualizada de los concesionarios y operadores.

Se trata, explicó el titular de la dependencia, Armando Quintero Martínez, de acabar con uno de los capítulos negros del transporte, mediante el ofrecimiento de un paquete de trámites a un costo atractivo, como se hizo con el taxi, cuyos concesionarios pagaron cinco mil pesos por su nuevo título de concesión, placas, engomado, revista y condonación de pagos atrasados y recargos, entre otros, para que regularicen su situación y no corran el riesgo de perder su concesión.

Mencionó que los ingresos obtenidos por ese proceso en 2008 sumaron mil 600 millones de pesos y, aún cuando el número de unidades que ingresarán a este mecanismo es una cuarta parte respecto de los taxis, confiamos que los recursos a obtenerse se destinen a la entrega de un bono de chatarrización de 100 mil pesos, para la sustitución de unidades, así como la creación de alguno de los cinco corredores viales previstos, con una inversión total de 2 mil 500 millones de pesos, agregó.

La entrega de un nuevo título de concesión, placas y engomado, explicó, permitirá contar con un padrón actualizado con los nombres del concesionario y operador, sus domicilios, sus 10 huellas dactilares, y sus rostros, necesarios en caso de cometerse algún delito o involucrase en un accidente; dar certeza jurídica a quien cuente con el título de concesión, al ser un patrimonio familiar; garantizar la seguridad del usuario; y permitir al gobierno capitalino actuar con prontitud ante cualquier situación.

Hoy, el cambio de manos de las concesiones sin la autorización correspondiente, ha derivado en que algunas de las 106 rutas con mil ramales en la ciudad de México sean obligadas a hacer frente al pago de indemnizaciones y daños, porque se desconoce quién tiene el título o, algunas de las veces, quién es el propietario de la unidad, por lo que no podemos permitir que estos casos queden impunes; y ha permitido la prestación ilegal del servicio de unas seis mil unidades en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, principalmente, indicó.