El Estado mexicano no ha cumplido con sus compromisos internacionales de equidad de género, ya que aun cuando se han tenido algunos avances persisten huecos en la legislación, discriminación legalizada, políticas públicas incompletas o parciales y un deficiente sistema de impartición y procuración de justicia que no garantiza condiciones de equidad e igualdad para la mujer.

Coincidieron los ponentes del seminario 30 años de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: retos y perspectivas en México, en el que participaron funcionarios federales, el representante del alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y activistas.

En el acto, que se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que es muy lamentable que existan disposiciones en leyes locales que discriminan a la mujer.

Señaló que el Estado mexicano firmó y ratificó la Convención de sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –conocida como CEDAW por sus siglas en inglés–, pero que hasta la fecha muchas legislaturas locales no han aprobado dichas reformas, pese a la responsabilidad única que tienen para legislar en materias familiar, civil y penal, son asignaturas y competencias de nuestros congresos locales.

Puso como ejemplo que en el estado de México todavía existe un atenuante de responsabilidad en el homicidio de la cónyuge que se llama estado de violencia súbita, en el que se escudaban los maridos asesinos para que obtener sentencias por homicidio de uno o dos años de prisión únicamente.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, dijo que pese a importantes avances logrados en los años recientes, como la aprobación de leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en México subsiste una importante distancia entre la incidencia y la gravedad de los problemas que enfrentan las mujeres y la calidad de la respuesta judicial ofrecida.

Apuntó que la mayoría de los casos de violencia en contra de las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados. Prevalece un patrón de impunidad, subrayó.

Brunori subrayó que la preocupación por la violencia que sufre la mujer en México no es exclusiva de la CEDAW, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual recientemente condenó al Estado mexicano –en sentencia definitiva– por la desaparición y muerte de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua en noviembre de 2001.

Recordó que el Estado mexicano está ante el reto de tomar las medidas necesarias para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia de género, además de reparar adecuadamente a sus familias.

Otro desafío es el de la aplicación doméstica en las sentencias judiciales de los estándares internacionales derivados de la CEDAW, ya que estos compromisos no han sido asumidos por los gobiernos locales. Destacó que la despenalización del aborto y su validez constitucional –por parte de la Suprema Corte– constituyó un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por otra parte, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y Mercedes Barquet, directora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, coincidieron en que si bien se han puesto en marcha algunas políticas públicas en contra de la violencia y discriminación, son insuficientes y no forman parte de una política integral del Estado sobre el tema, lo que les resta eficacia para defender los derechos de la mujer.