Senadores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática demandaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que reconozca el error oficial de acusar a funcionarios michoacanos de vínculos con el cártel de La Familia y les ofrezca disculpas.

La bancada pevemista promoverá hoy que el pleno de la Cámara de Diputados vote un punto de acuerdo que demande a Gómez Mont reivindicar el prestigio de esos servidores públicos.

En una propuesta que presentará el presidente de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, Pablo Escudero, se resaltará que Gómez Mont está obligado a ofrecer una disculpa a nombre del gobierno de Felipe Calderón a los 15 funcionarios de Michoacán, liberados por resultar inocentes de las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Actitud insensible

Un día después de que Gómez Mont sostuvo que la liberación de los funcionarios michoacanos se debió a que no había pruebas suficientes en su contra, no porque se haya determinado inocencia o culpabilidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, señaló que el titular de Gobernación actúa de manera soberbia al negarse a ofrecer una disculpa pública a dichos servidores públicos.

El gobierno, abundó, debe resarcir el daño, toda vez que fueron objeto de presiones y malos tratos y se les trasladó a un penal de alta seguridad por acusaciones que resultaron falsas.

El senador perredista Carlos Sotelo, coordinador del grupo plural que da seguimiento a la situación jurídica de los funcionarios michoacanos, consideró que Gómez Mont adopta una actitud insensible, toda vez que el proceso estuvo plagado de irregularidades.

También el priísta Fernando Baeza expresó su preocupación por que los órganos judiciales se utilicen con fines electorales, y se sumó a la exigencia de los integrantes del grupo plural de que el gobierno se disculpe por la precipitación en que incurrió y los abusos judiciales en materia de arraigo y de procedimiento penal que padecieron los michoacanos.

Hay un dejo de soberbia federalista en la actuación del gobierno de Calderón, afirmó.

En tanto, el punto de acuerdo que promoverá Escudero señala que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, también debe ofrecer de manera inmediata disculpas públicas para que se reivindique el nombre, prestigio y honor de los 15 servidores públicos de Michoacán liberados por resultar inocentes de las acusaciones en su contra y por las que se vieron injustamente recluidos por más de ocho meses.

El documento resalta que la PGR vulneró a los agraviados sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa previstos en la Constitución.

“Resulta vergonzoso y preocupante que la mayoría de los inculpados han quedado libres. Nunca se les comprobó ninguna de las imputaciones del gobierno federal, lo que hace suponer los motivos reales de estos operativos (quedan) reducidos a una estrategia electoral”, expresa.