Chihuahua, Chih, 3 de febrero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que radicó varias quejas de oficio ante los señalamientos de vecinos y familiares de las 16 personas asesinadas el domingo pasado en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, que denunciaron la tardanza de la policía en llegar al lugar del ataque una vez realizados los llamados de auxilio, y que el Ejército impidió a los servicios de emergencia llegar a atender a los heridos.

Madres de familia y vecinos de Villas de Salvarcar reclamaron a autoridades de los tres niveles de gobierno que algunos de los muchachos que murieron en hospitales, donde fueron trasladados en vehículos particulares, pudieron haber recibido mejor atención médica si los militares hubieran permitido el paso a ambulancias y paramédicos, que quedaron varados a varias calles del lugar luego que los uniformados acordonaron el área del ataque.

La organización Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió castigo a las autoridades que impidieron la llegada de los servicios de emergencia al lugar de la masacre, pues en caso de haber sido atendidos oportunamente, algunos jóvenes lesionados posiblemente habrían salvado la vida.

En un comunicado, la ONG consideró que el asesinato indiscriminado de jóvenes parece comenzar a ser un patrón en Ciudad Juárez. En 2009, en diferentes hechos se dio muerte a decenas de muchachos que se encontraban en centros de rehabilitación, homicidios que siguen impunes.

Expresó preocupación por la reacción tardía de las autoridades para acudir a los llamados de auxilio cuando se reportó el ataque a los números telefónicos de emergencia de la policía. ¿De qué sirven los patrullajes, las cámaras en las calles, si de todas maneras los asesinos van y vienen en total libertad?

Reiteró su percepción sobre la violencia en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, sobre la cual envió un informe al Congreso de Estados Unidos hace unas semanas, en el que sostiene que las mujeres son las más vulnerables por la ocupación militar y los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

“Las madres de los jóvenes sufren un dolor enorme por haber perdido a sus hijos, muchos de ellos menores, y además deben soportar la condena –sin fundamentos ni pruebas– que hacen las autoridades sobre la vida de los estudiantes para minimizar los hechos. También enfrentan miedo y se les niega la justicia, pues las autoridades son incapaces de esclarecer los hechos”, aseguró.