En años recientes la violencia que se ha vivido en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha dejado 10 mil huérfanos y obligado a más de 60 mil familias a cambiar su residencia a El Paso, Texas, Estados Unidos, aseveraron integrantes de organizaciones civiles y empresariales de esa urbe fronteriza.

Asimismo, cuestionaron la falta de presencia del presidente Felipe Calderón y del gabinete de seguridad en esa comunidad.

En un principio, las organizaciones sociales de la localidad supuestamente participarían en la firma de una carta para solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío de cascos azules a Ciudad Juárez; sin embargo, algunos de los representantes manifestaron su inconformidad, en razón de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal no les informó acerca de las intenciones de los grupos civiles que operan en la capital mexicana.

Otras organizaciones sí aceptaron solicitar a la ONU que envíe a México una misión de paz y a integrantes de los cascos azules; entre otras, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal; Movimiento Blanco; Cecilia González Guzmán, en representación de las asociaciones de comerciantes de las centrales de abasto, y Eduardo Güereque, presidente del Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez.

En conferencia de prensa realizada en el hotel Nikko de la ciudad de México, Eduardo Güereque; María Soledad Maynez, presidenta de la Asociación de Maquiladoras, y Miguel Galindo, representante de la Central de Abastos, exigieron que el gobierno de Felipe Calderón informe si no tiene la capacidad o voluntad para que regrese la tranquilidad a Ciudad Juárez, para que la sociedad se organice de otra forma, y demandaron la presencia del mandatario en esa comunidad.

Durante el encuentro con la prensa, señalaron que Juárez es la ciudad donde existe la mayor concentración de elementos gubernamentales que participan en cuestiones de seguridad pública, ya que tiene desplegados a 16 mil 217 elementos: 8 mil 500 son soldados, 4 mil agentes de la Policía Federal, 2 mil 850 policías municipales, 487 preventivos estatales y 380 agentes ministeriales.

María Soledad Maynez señaló: Con respecto al tejido social, nos va a llevar una generación, porque tenemos aproximadamente 10 mil niños que han sido víctimas o victimarios; tenemos más de 10 mil niños que han sido abandonados o que quedaron huérfanos, precisamente por la cantidad tan alta de fallecidos.

Eduardo Güereque sostuvo que en los últimos años han tenido que abandonar este municipio 60 mil familias debido a la violencia; entre ellas familias de servidores públicos, como la del alcalde José Reyes Ferriz, que cada noche duerme en El Paso.

Respecto del jefe del Ejecutivo federal, declaró que las dos ocasiones que en los últimos dos años ha acudido el Presidente al municipio, ha sido durante 90 minutos, fuertemente blindado, y sólo para reunirse con la cúpula empresarial.

Llamado al gobierno federal

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con sede en el estado de Chihuahua, exigió al gobierno federal que asuma su responsabilidad por la masacre contra un grupo de jóvenes en Ciudad Juárez y que deje de criminalizar las ejecuciones de gente inocente para evadir sus obligaciones.

Luz Esthela Castro, coordinadora general de la organización no gubernamental, consideró que la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa y los funcionarios encargados de la seguridad “va mucho más allá de sus declaraciones. Inició desde el momento en que nos llevó, sin ninguna estrategia, irresponsablemente a una guerra que ha sido fallida.

Es muy fácil ser valiente con todo el Estado Mayor Presidencial cuando llega al estado. Que vaya ahí, pero sin guardaespaldas. Eso sí sería valiente, sostuvo la activista, entrevistada después que informó, junto con otras agrupaciones, acerca de la denuncia que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra dependencias del gobierno federal por la falta de investigación sobre la entrada ilegal y siembra de maíz transgénico en Chihuahua.

“No hay una explicación de por qué estos jóvenes fueron atacados y es totalmente irresponsable la respuesta del presidente Felipe Calderón cuando afirma, estando fuera del país, que se trataba de rivalidades, es decir, intentando justificar lo injustificable.

Intenta denostar la memoria de los jóvenes, humilla a las familias al considerar que si los asesinan es porque en algo andaban. Esto es algo inadmisible e irresponsable por parte de las autoridades.