Chilpancingo, Gro., 3 de febrero. La mayoría de las regiones de Guerrero se militarizaron durante 2009; además se criminalizó la protesta social hostigando, encarcelando y persiguiendo a dirigentes sociales, de acuerdo con un informe elaborado por la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro).

El Informe 2009 sobre la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social sostiene que la entidad se intensificó una política de exterminio y represión aplicada contra la población civil desde hace varias décadas, en una descarada violación de los tratados, pactos y convenciones signados por México en materia de derechos humanos.

La militarización del territorio y la criminalización de la protesta social son dos caras de una misma moneda. Su objetivo es imponer un modelo económico y de seguridad en detrimento de las libertades y los derechos fundamentales de la población mexicana, acotó.

La organización no gubernamental (ONG) consideró que la violencia generada por la llamada guerra contra el crimen organizado, aunada a la corrupción de funcionarios públicos, mantiene prácticamente secuestrada a la población civil, imponiendo un estado de emergencia en el que se violentan impunemente las garantías constitucionales.

Señaló que tras la decapitación de varios militares a finales de 2008 en Chilpancingo, se iniciaron operativos castrenses en la entidad. Las regiones donde más presencia tuvo el Ejército fueron Zihuatanejo, Iguala, Acapulco, Atoyac, Tlapa, Petatlán, Coyuca de Catalán, Ayutla, Coahuayutla, La Unión, Tlacochistlahuaca, Chilpancingo y Huitzuco. Además hubo incursiones en los poblados de Las Ollas y Las Palancas, en las colindancias entre Coyuca de Catalán y la sierra de Petatlán, el asalto a una casa de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y el asesinato de un civil que viajaba en un autobús de línea comercial cerca del poblado de Huamuxtitlán.

La Redgro sostuvo los soldados han allanado, destrozado y saqueado viviendas; “siembran drogas o uniformes militares para acusar a las personas de insurgencia; disparan, violan y golpean a los pobladores, incluso a menores de edad, ancianos y personas con discapacidad. El número de quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos aumentó de 35 en 2008 a 143 en 2009 (308 por ciento). Actualmente hay 178 expedientes radicados”.

La red detalló que la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una actividad peligrosa, deslegitimada y criminalizada por el gobierno.

Aseguró que ha habido detenciones arbitrarias, sin órdenes de aprehensión; se alargan los procesos, se niega el acceso a expedientes, se imputan delitos políticos o contra la seguridad nacional, se sancionan judicialmente protestas sociales, se imponen fianzas impagables a los acusados, se hostiga a luchadores sociales y se les envía a penales de máxima seguridad.

Los casos más conocidos han sido los de Máximo Mojica, de la ONG Tierra y Libertad, torturado para que se declarara culpable de un secuestro; el encarcelamiento de cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, acusados de asesinar a un informante del Ejército; las agresiones contra periodistas de Radio Ñomndaa; el homicidio del líder del Comité Regional de Gestoría y Defensa Social, Daniel Castro; el secuestro de Javier Torres, campesino ecologista de la Sierra de Petatlán, y el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.