Nezahualcóyotl, Méx., 2 de febrero. Más de mil 500 policías fuertemente armados encabezaron un operativo en los municipios de La Paz y Nezahualcóyotl, durante el cual inspectores de la Secretaría del Transporte (ST) mexiquense remitieron al corralón más de 450 unidades irregulares que brindaban servicio público de pasajeros.

Los automotores piratas detectados durante 12 horas en más de 14 puntos de las demarcaciones citadas fueron enviados a depósitos de las empresas privadas Grúas Castillo y Grúas Ramírez, localizados en las carreteras federales México-Texcoco y México-Puebla.

El titular de la ST, Luis Felipe Puente Espinosa, argumentó en un comunicado que con esta acción se busca garantizar que las unidades lleven pegado en un lugar visible al público los cartelones de las tarifas, debidamente sellados y autorizados. Añadió que sólo en Nezahualcóyotl se detectaron más de 300 unidades irregulares.

El Frente Único de Transportistas del Estado de México (FUTEM) aseguró que el operativo tuvo tintes políticos. En similar tenor se manifestó la directiva estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en conferencia de prensa aseguró que la presencia policiaca tuvo un propósito disuasivo, porque la población de Nezahualcóyotl está inconforme con el alza al pasaje.

Salvador Trejo Paredes, vocero del FUTEM, recordó que los transportistas mexiquenses están aglutinados en asociaciones civiles, lo que irrita a la ST, que pretende obligarlos a transformarse en sociedades mercantiles.

Acotó que existe una resolución judicial en su favor, por lo cual el gobierno estatal no puede obligarlos a cambiar de figura jurídica, pero en represalia la ST les niega el refrendo de sus concesiones y este martes ordenó el despliegue policiaco.

Fuera de los corralones, los operadores aseguraron que se les pretende cobrar multas superiores a 5 mil pesos, además de tarifas de arrastre y derecho de piso.

Los que ganan con los operativos, sostuvieron, son los concesionarios de Grúas Castillo, empresa que enfrenta una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de México por abusos.

El dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez Jiménez, solicitó a la bancada de su partido en el Congreso local que exija la destitución del stitular de la ST, Luis Felipe Puente, y del responsable del Instituto del Transporte, Alejandro Franco Vera, por afectar a millones de usuarios.