El supuesto ahorro para el erario por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) podría ocurrir sólo a largo plazo, cuando empiece a disminuir el número de electricistas jubilados. Fuera de ello se mantendrán los costos laborales, señaló Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialista en el estudio comparado de políticas laborales.

No hay diferencia sustancial en el costo del contrato colectivo de LFC y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo titular es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). La prestación más cara es la de pensiones, régimen equivalente en ambos casos, afirmó.

Aun cuando la CFE recontratara parte de los 44 mil trabajadores de LFC, éstos ingresarían con antigüedad cero, de ahí el eventual ahorro a corto plazo.

La investigadora –doctora en ciencia política por la UNAM– explicó que en décadas recientes el contrato de LFC, negociado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), registró un constante aumento en las prestaciones.

Es decir, comentó Bensusán, a cada empresa mencionada se le aplicó una política distinta de administración. Aunque en términos laborales las reglas eran similares, en LFC la interpretación siempre fue más estricta en favor de los trabajadores, mientras en la CFE tienen al SUTERM, un sindicato flexible, subordinado a la empresa y totalmente dispuesto a negociar.

Las diferencias en los contratos, agregó, se refieren a mayor o menor grado de flexibilidad laboral, pero los costos no son muy diferentes. Entonces, el problema no está en ello, pero sí en que uno es más flexible que otro y en que (el de la CFE) fue interpretado de modo más gerencial, enfatizó.

Sin embargo, Bensusán –autora de diversos libros y artículos relacionados con la contratación colectiva– dijo que se colocó a la CFE como empresa de clase mundial con el respaldo de una serie de indicadores que no necesariamente expresan que la calidad en la prestación del servicio sea superior a la de LFC.

La CFE tiene un altísimo número de quejas. En efecto, las señoritas que atienden los teléfonos suelen ser muy eficientes, pero se topan con una estructura (operativa, de electrificación en zonas marginadas y de reparación de fallas) muy mala, agregó.

Entonces, ¿en qué condiciones está la CFE como para ser el modelo de resolución del problema eléctrico? ¿Con base en qué dicen que resolverán el problema en año y medio? Sólo basados en un acto de fe, opinó.

En los meses previos al decreto de extinción, las representaciones de LFC y del SME admitieron que el organismo requería alrededor de 14 mil millones de pesos para avanzar en su modernización.

A ello se agrega que el gobierno tiene programado gastar cerca de 20 mil millones de pesos para liquidar a los 44 mil trabajadores de LFC y ha erogado una cantidad millonaria (hasta el momento no se ha hecho pública) en la contratación de múltiples empresas privadas que realizan el trabajo de los electricistas despedidos.

Tampoco se ha difundido el nivel de ingresos que dejará de captar la CFE porque ahora ya no venderá energía a LFC. Adicionalmente, el gobierno federal gastará en reinstalaciones si más de 20 mil electricistas ganan los juicios por despido injustificado.

Eduardo Bobadilla, secretario de trabajo del SME, manifestó que los contratos colectivos de ambas empresas públicas son similares.

El dirigente, uno de los responsables de vigilar el cumplimiento del contrato colectivo en LFC, aseveró que el cese de los trabajadores no significará un ahorro, porque la falta de experiencia de los electricistas de las empresas subcontratadas por la CFE está generando mayor costo en la operación del área central del país.

Con las subcontrataciones el gobierno está administrando mal los recursos, porque están ocupando gente que no sabe trabajar y, por ello, malgastan el material. Donde reparan, el contratista invariablemente tiene que regresar incluso tres veces para arreglar el desperfecto, aseguró.

Además habrá efectos negativos en los usuarios y en la recaudación por el consumo.

El erario no ahorrará. Al contrario, le han retirado el subsidio a la tarifa doméstica para dársela a los altos consumos. Es decir, actualmente el cliente de a pie, el obrero, verá incrementos de 50 por ciento en su recibo, consideró Bobadilla.

En el decreto de extinción se argumenta que los costos de LFC casi duplicaban sus ingresos por ventas, incluyendo energía comprada a la CFE.

La diferencia en la administración de una y otra empresas se originó en la década de los 30, aunque hasta 2008 mantenían contratos colectivos similares e incluso lo que obtenía el SME en sus revisiones se concedía de manera automática a sus compañeros del SUTERM.