Los llamados bonos ciudadanos, figura emanada de la reforma energética aprobada en noviembre de 2008, tendrán que esperar al menos un año más para su eventual emisión, una vez que Petróleos Mexicanos (Pemex) mejore sus resultados operativos, consideraron funcionarios de la paraestatal del más alto nivel. La condición es que Pemex sea más eficiente y mejore sus resultados operativos y financieros para que los bonos sean más rentables, comentaron.

Por otro lado, el consejero independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcon, señaló en entrevista que es necesario que el Congreso evalúe nuevamente la conveniencia de la emisión de estos títulos, ya que es solamente una forma de obtener financiamiento con una visión de corto plazo.

Indicó que el Congreso debe analizar y replantear esta estrategia de financiamiento, debido a que es de muy corto plazo. Además, Pemex puede acudir a los mercados internacionales para contratar deuda con mejores condiciones y plazos.

Adicionalmente, la figura de comisario de Pemex tendrá como principal propósito velar por los intereses de los inversionistas y no por el beneficio del sector o del país, sino de la maximización de los rendimientos.

Ruiz Alarcón dijo: Siempre fui crítico porque creo que hay una contradicción. Se decía que iban a ser como incentivo para un mejor manejo de la empresa, pero yo siempre he dicho que eso va a contracorriente del resto de la reforma ¿Por qué? La reforma dotó a Pemex y al sector en general de figuras, instancias e instrumentos para tener una visión de largo plazo, y los bonos corresponden a una visión de corto plazo, basada en la lógica financiera que tanto daño le ha hecho a la industria, destacó.

Según lo previsto en la reforma energética, Hacienda será la encargada de estipular las características, términos y condiciones. Estarán disponibles solamente para ciudadanos e instituciones financieras mexicanas.

El número de emisiones dependerá de las necesidades de financiamientos de Pemex. Sin embargo, el monto total del endeudamiento no podrá exceder lo establecido en el programa financiero elaborado conforme a la Ley General de Deuda Pública.