A partir de marzo, 222 dependencias del gobierno federal contarán con un protocolo de intervención para casos de hostigamiento sexual. Este programa, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), propone establecer mecanismos administrativos para prevenir, atender y sancionar esas agresiones.

El documento se originó en los resultados obtenidos en una encuesta nacional aplicada por el Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2009 a más de 270 mil trabajadores de diversas dependencias del gobierno federal, en la cual se detectaron unos 26 mil casos de hostigamiento sexual.

Fue tan alto el número de casos, que se decidió emprender acciones, explicó Claudia Salas Rodríguez, coordinadora y supervisora general del protocolo.

Además de ejercer la función de guía para las dependencias para fijar mecanismos que ayuden a erradicar esos problemas, este protocolo busca generar un programa de quejas que garantice la confidencialidad de los casos.

La también directora general de planeación del Inmujeres explicó que el hostigamiento sexual está tipificado en el artículo 259 bis del Código Penal Federal, pero como el acosador pocas veces actúa frente a testigos, difícilmente el demandante puede comprobar el delito. Por lo tanto, y en lo referente a las dependencias públicas, estas denuncias tendrán carácter administrativo y se podrán presentar ante un comité de recepción de quejas, el cual mantendrá en secreto la identidad de la víctima.

Según esta propuesta, el comité vigilará el comportamiento del acosador sin que éste se entere de que ha habido una denuncia en su contra, para que no cambie su comportamiento hacia la víctima.

La sanción por hostigamiento y/o acoso sexual podrá ser desde una amonestación por escrito hasta, en los casos más graves, inhabilitación laboral por 10 años en el servicio público.