En el caso de los ex funcionarios michoacanos acusados de colaborar con el cártel de La Familia, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que sus actuaciones se sustentan en los elementos probatorios que se allega, por lo que no ofrecerá disculpas públicas a 12 de los servidores públicos liberados la madrugada del sábado por decisión judicial.

La dependencia federal indicó que deja constancia de su compromiso de respetar los fallos emitidos por órganos jurisdiccionales federales; en tanto, dirigentes del PRD, legisladores locales y organizaciones civiles de Michoacán confiaron en que el Poder Judicial de la Federación mida con la misma vara a los otros 20 ex funcionarios que siguen presos, para que pronto recuperen su libertad.

La madrugada de ayer 12 ex servidores públicos salieron del penal de Mil Cumbres, debido a que el primer tribunal unitario de circuito del centro auxiliar de la séptima región, con sede en Acapulco, Guerrero, determinó que la PGR no aportó las pruebas suficientes de su culpabilidad.

Para el diputado federal Martín García Avilés, de la comisión de Derechos Humanos de esa cámara, no se puede desconocer la decisión del tribunal unitario, pues se trata de una sentencia vinculatoria con los que siguen presos.

Reparar los daños

La dirigente del PRD en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, afirmó que la PGR se quiere curar en salud, porque sabe perfectamente que debe iniciarse un proceso de reparación del daño, ya que fueron linchados mediáticamente, cuando no había motivo de tales acusaciones.

El coordinador de los diputados federales del PRD en Michoacán, Víctor Báez, enfatizó que fueron muchas las vejaciones de los detenidos; y todo mundo sabía que no se trataba de un asunto jurídico sino político, así que no se puede pagar el daño ocasionado.

La PGR en la ciudad de México dio a conocer su posición, en un comunicado de prensa, señalando que respeta la decisión judicial y reitera la obligación de encontrar la verdad y proceder en consecuencia, ya que su actuación se sustenta en los elementos probatorios que se allega y debe, en todo momento, dignificar la buena fe de que está dotado y también deja constancia de su compromiso de respetar los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales federales, al procurar justicia para todos los ciudadanos en coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y local en el combate al crimen organizado.

Asimismo, el Ministerio Público Federal destacó que el mismo tribunal confirmó el auto de formal prisión contra otros 10 ex servidores públicos de Michoacán, entre ellos el ex procurador general de Justicia y tres ex alcaldes, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que 20 ex funcionarios seguirán sujetos a juicio.

El diputado federal priísta Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, refirió que los ex funcionarios deben ser reincorporados en sus cargos y recompensados por las pérdidas económicas que sufrieron.

Con información de Leopoldo Ramos, corresponsal