El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó por unanimidad un monto de 2 mil 910 millones 57 mil pesos de financiamiento público para los partidos políticos nacionales durante el presente año. Los consejeros también dieron por buena la propuesta de gastos de operación por 5 mil 619 millones de pesos. Esta cifra es 600 millones menor al proyecto original.

El monto asignado por partidos quedó así: 30 por ciento en forma igualitaria y 70 por ciento según el porcentaje de la votación nacional que obtuvieron en las elecciones del año pasado.

Al PRI se le otorgarán 930 millones 336 mil pesos; al PAN, 735 millones 555 mil pesos; PRD, 390 millones 900 mil pesos; PVEM, 271 millones; Partido del Trabajo, 204 millones 498 mil pesos; Convergencia, 178 millones 458 mil pesos, y Nueva Alianza, 199 millones 299 mil pesos.

El financiamiento público abarca a los partidos políticos en las áreas de actividades específicas como educación, capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales, pues recibirán un total de 87 millones 301 mil pesos con el mismo esquema de reparto.

Durante una sesión de casi nueve horas, el Consejo General aprobó el Informe de actividades en materia de transparencia y acceso a la información. En él se refiere que durante 2009 el IFE recibió 2 mil 499 solicitudes de información. De ese total, 2 mil 374 se atendieron el año pasado y el resto se encuentra en trámite. 

En sendas votaciones que no necesitaron de debate, los consejeros declararon la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la declaración de principios, programa de acción y estatutos del PRD, aprobados por ese partido durante su duodécimo Congreso Nacional. Lo mismo sucedió con los cambios a estatutos del PRI, elaborados durante la quinta sesión ordinaria de la Comisión Política Permanente del mismo.

Un tema que generó debate entre los integrantes del Consejo General fue el referente a declarar la improcedencia del registro para el denominado Frente de Agrupaciones Políticas Progresistas (FAPP), el cual trataban de impulsar siete asociaciones políticas.

La determinación del IFE refiere que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) no contempla como facultad del Consejo General registrar frentes constituidos por agrupaciones políticas nacionales.

El consejo determinó también que este año no habrá incrementos salariales para los consejeros electorales, el secretario ejecutivo y el contralor general; para el resto del personal se diferirá, por cinco meses, el incremento a las percepciones. 

Además se determinó racionar recursos en oficinas centrales.

Antes de decretarse un receso fue aprobada por unanimidad la designación de Luis Javier Vaquero Ochoa como titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. La propuesta fue presentada por el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.   

La multa más alta

Más tarde, el consejo aplicó una multa por 72 millones 386 mil 671 pesos a Televisión Azteca por incumplir en sus señales de los estados de Coahuila, Tabasco y Yucatán con la difusión de los promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, pautados por el instituto.

Al concluir la sesión extraordinaria, se determinó dar por válidos siete procedimientos especiales para sancionar a diferentes concesionarios de radio y televisión que no atendieron la ley electoral.

A Televisión Azteca se le multó con 27 millones 628 mil 683 pesos porque dejó de transmitir 3 mil 462 promocionales durante la elección en Coahuila. Otros 12 millones 555 mil 404 pesos, por no transmitir 3 mil 147 promocionales de las precampañas e intercampañas electorales de Tabasco, y con 32 millones 200 mil 548 pesos más, porque en las precampañas en Yucatán omitió mil 614 promocionales de los institutos políticos.

Al ponerse a consideración del pleno del consejo general del IFE la resolución de castigo a Tv Azteca, el voto de los consejeros se dividió. A favor lo hizo un grupo encabezado por Valdés Zurita, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez. En contra se manifestó Virgilio Andrade, y se abstuvieron Marco Antonio Gómez, Margarita Elizondo y Francisco Javier Guerrero.

La votación fue precedida de un debate que se extendió más de dos horas en torno a la posibilidad de retirar del orden del día dicho punto. La multa a esa empresa es la más alta que se haya impuesto a algún medio de comunicación.