Lejos de apoyar las actividades productivas del país, la banca de desarrollo ha sido encaminada a otorgar créditos sin riesgos al sector público y a mantener los privilegios de la banca privada para que ésta pueda mantener sus altos niveles de ganancia, afirmó el ex secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz.

Dijo que si en los años 30 la banca de desarrollo era vanguardia en el mundo, en pocas décadas perdió su sentido y a partir de la poco reflexionada apertura comercial, dejó de combatir el retraso tecnológico y los programas de reconversión que eran, y siguen siendo, imprescindibles para colocar a las empresas mexicanas en capacidad de competir.

Al participar en la presentación de los libros Crédito y banca de desarrollo; La deuda pública y la crisis bancaria; El archivo Fobaproa del Senado de la República y El estado general de la deuda pública en México, generados en el Senado y publicada por Editorial Porrúa, Ibarra Muñoz dijo que ese desmantelamiento de la banca de desarrollo es en parte responsable de los grandes diferenciales entre las economías del norte del país y las del sur.

Consideró que la banca de desarrollo en México, en tanto banca pública, debe rescatarse hasta integrar un sistema financiero estatal para dar el fuerte golpe de timón que le urge a las finanzas públicas para construir un horizonte en el que nadie quede excluido de los sacrificios, pero tampoco de los beneficios de un eventual crecimiento del país.

Previamente, en su intervención, el senador de Convergencia Dante Delgado se refirió al tamaño de la deuda pública y la fragilidad de las finanzas del país para sustentarla. Esto manifiesta ya un porvenir económico y financiero adverso para los próximos dos años, ante la caída de los ingresos del petróleo, que desde el año 2000 hemos dilapidado.

El ex secretario de Hacienda David Ibarra MuñozFoto Carlos Cisneros

Condenan opacidad en el manejo de las cifras de la deuda

El senador veracruzano condenó la opacidad en el manejo de las cifras de la deuda pública de México y el permanente intento del gobierno y sus funcionarios por distorsionar la realidad respecto de este tema.

A manera de ejemplo, dijo que de 1990 a septiembre de 2009, el gobierno federal ha destinado un total de 2 billones 461 mil millones de pesos por concepto de intereses de su deuda. En este tenor, el pago de intereses por la deuda asumida en razón del Fobaproa a partir de 1998, alcanzó una cifra acumulada a septiembre pasado de 485 mil 267 millones de pesos.

A septiembre de 2009, se mantuvo un pasivo del Fobaproa-IPAB por 748 mil 629 millones de pesos, lo que significa que no se ha amortizado mayormente el capital después de 10 años en los que se han pagado casi 500 mil millones de pesos de intereses, tanto con cargo al presupuesto público como al propio IPAB, dijo.

Agregó que a la misma fecha, el IPAB contaba con sólo 3 mil 931 millones de pesos como fondo de seguro para proteger casi 95 por ciento de los depósitos de todo el país, lo que resulta irrisorio e insuficiente frente a una posible contingencia financiera.

Alertó también de que a pesar de estas abultadas cifras, son más importantes como deuda pública real los Pidiregas, esquema a través del cual se otorga la construcción de infraestructura a empresas privadas con un costo diferido en el tiempo.

Aseguró que a 2007 los pasivos reales por este concepto eran ya del 20 por ciento del producto interno bruto y no del 6.8 como reportó la Secretaría de Hacienda.