La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al análisis de la acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió contra las reformas al Código Civil del Distrito Federal, aprobadas por la Asamblea Legislativa (ALDF), que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo sin restringir su derecho de adopción.

La Corte notificó ayer mismo al Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre la acción de inconstitucionalidad. La consejera jurídica local, Leticia Bonifaz Alfonzo, informó que se integró un grupo de al menos 43 científicos sociales que apoyarán a las autoridades capitalinas en la elaboración de la argumentación con la que responderá al recurso.

A su vez, la diputada Maricela Contreras Julián, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, explicó que la semana próxima se presentará el equipo de expertos que asesorará al órgano legislativo.

Bonifaz señaló que el recurso de la PGR hace referencia a la reforma constitucional aprobada en 1974, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez.

De ese año a la fecha ha variado la integración de las familias, la cual nada tiene que ver con lo que se dio entonces.

El recurso fue aceptado por el ministro Sergio Valls Hernández, quien fijó a las autoridades capitalinas un plazo de 15 días hábiles para entregar un informe con los antecedentes y todo lo relacionado con las modificaciones a los artículos 146 y 391 del Código Civil.

Mientras en el máximo tribunal se daba a conocer en estrados la aceptación del recurso, decenas de integrantes de organizaciones lésbico gays se manifestaban frente a la sede de la PGR en la ciudad de México y demandaron la renuncia del procurador Arturo Chávez, al considerar que al interponer ese recurso ante la SCJN incurrió en actos de discriminación.

Contreras Julián anunció que pedirá al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que se pronuncie sobre la actuación del procurador, la cual, consideró, violenta los derechos y las libertades de las personas por su preferencia sexual, que protege el artículo primero constitucional.

El ministro Sergio Valls, ordenó que se diera vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las reformas, para que rindan sus informes dentro del plazo señalado.

La ALDF debe enviar a la Corte copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo iniciativas, dictámenes de comisiones, actas de las sesiones en que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los diarios de debates.