La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en la sesión de este miércoles, un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar, por haberse llevado a cabo por un comando que portaba armas de uso exclusivo del Ejército.

El acuerdo considera además que el Estado mexicano repare el daño a la familia de Reyes Salazar, y pide al gobierno de Chihuahua emitir a la brevedad las órdenes de protección o medidas cautelares para salvaguardar la seguridad y la integridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, quienes en diversos espacios han denunciado los abusos de los militares en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua.

Reyes Salazar, quien en 2008 inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la PGR en reclamo por la desaparición de su hijo Miguel Ángel, detenido por militares en Valle de Juárez, fue ultimado el domingo 3 de enero en la capital del estado. Otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado también en Valle de Juárez, tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para combatir la violencia.

Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, Josefina comenzó a exigir su regreso y a denunciar los abusos militares. Como consecuencia de ello, su domicilio fue allanado en tres ocasiones por miembros del Ejército, además de haber sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Con Josefina Reyes suman siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos que son asesinados en Chihuahua en los pasados dos años.