Siete autoridades federales, entre ellas el presidente Felipe Calderón, impugnaron ayer –igual que lo hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 24 de diciembre pasado– el fallo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo a más de 35 mil trabajadores de ese gremio que alegan la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El recurso de revisión adhesiva interpuesto por las dependencias del gobierno calderonista no significa que éstas pretendan que se revoque la resolución de la juzgadora con el fin de favorecer a los electricistas.

Se trata, exclusivamente, de un trámite jurídico indispensable para que las autoridades señaladas como responsables de violar garantías en perjuicio de miles de trabajadores y del SME puedan exponer sus argumentos ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción de este litigio, lo cual es muy probable que ocurra, ya que se trata de un juicio de amparo que alega la inconstitucionalidad de un artículo en una ley secundaria.

Se admite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el secretario del Trabajo y Previsión Social, el secretario de Hacienda y Crédito Publico, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Secretaría de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, la Secretaría de Energía y el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, indicó el cuarto tribunal colegiado laboral en un acuerdo publicado ayer en las listas de los estrados del órgano jurisdiccional.

En ese contexto, Roberto Terrazas Salgado, profesor en materia laboral de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del equipo de abogados del SME, se entrevistó ayer con los tres magistrados que integran el cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo para tratar de convencerlos de que por las características de juicio de amparo en revisión, la SCJN debe atraer el caso y resolverlo en definitiva.

Por la tarde, durante un foro académico organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana sobre la controversia iniciada luego del decreto de extinción de LFC, el abogado laboralista Néstor de Buen, también asesor legal del SME, aseguró que a más tardar en los próximos 15 días hábiles la Corte estará en condiciones de ejercer su facultad de atracción.

Al charlar con un grupo de trabajadores electricistas afectados con la extinción de LFC, les recordó que el decreto calderonista violó varios artículos de la Constitución.

El litigante reconoció que después de que el SME obtuvo, en noviembre pasado, una suspensión definitiva en vía de amparo de parte de la juez Coutiño, hubo un optimismo un poco absurdo (de los abogados defensores) que nos llevó a confiar en que nos habrían de dar el amparo de fondo.

Acerca de la resolución de la juzgadora, que fue emitida un día después de que se efectuó la audiencia constitucional, lo cual es poco usual en ese tipo de litigios, Néstor de Buen sostuvo, sin mencionar nombres, que era imposible que la juez redactara esa resolución de casi 400 hojas en 24 horas. Lo más probable es que algún ministro jubilado de la Corte haya hecho la sentencia.

Finalmente, el litigante recomendó a los trabajadores electricistas que no recurran a la huelga de pagos del servicio de luz que ahora brinda la Comisión Federal de Electricidad.

Le tengo un poco de miedo a la protesta del no pago de recibo de luz, pues tiene un cierto riesgo, porque nadie se salvaría de que lo priven del servicio de energía eléctrica, por muy legítima que sea la protesta, destacó.