Tepic, Nay., 26 de enero. A 26 años de que les expropiaron sus tierras para construir el aeropuerto de Tepic, y a un mes de que el gobierno federal dio a éste categoría de terminal internacional, 75 ejidatarios siguen sin recibir la indemnización correspondiente.

Los afectados aseguran que los trámites judiciales y las mentiras gubernamentales han caracterizado su lucha por el pago de 382 hectáreas expropiadas al ejido Pantanal, municipio de Xalisco.

“En las dos últimas asambleas (realizadas en diciembre pasado), los 247 miembros del ejido aprobamos realizar acciones en favor de los compañeros, y en la primera sesión que realicemos en febrero decidiremos si tomamos el aeropuerto o bloqueamos la carretera, pero ya no vamos a esperar”, dijo el presidente del comisariado ejidal, José Luis Rivera Villalobos.

El problema se lo han ido pasando de gobernante en gobernante, primero Emilio M. González (en cuya administración, de 1981 a 1987, se promovió la compra del terreno); posteriormente Celso Delgado (sucesor de González y con quien el aeródromo inició operaciones), luego Rigoberto Ochoa, Antonio Echevarría y el actual (Ney González). Ya no podemos permitir que siga pasando el tiempo, añadió.

El aeropuerto Amado Nervo, inaugurado el 27 de octubre de 1991, se ubica en el municipio de Xalisco, a 10 kilómetros de Tepic. El ejido Pantanal, donde se asienta la terminal, está dos kilómetros al sur de la carretera internacional México-Nogales, y por el oriente colinda con la carretera Tepic-Puerto Vallarta, lo que da alta plusvalía a esta zona.

El ejido mide 4 mil 400 hectáreas, y su superficie era de 4 mil 790 hasta 1984, cuando se le expropiaron 382 para instalar el aeropuerto, y ocho para la carretera que lleva a la terminal.

El 20 de abril de 2004 el tribunal unitario agrario del distrito 19, con sede en Tepic, emitió la sentencia expropiatoria, y el 19 de enero de 1993 se resolvió que el gobierno de Nayarit pagaría 14 millones 466 mil 381 pesos por las tierras.

Pero ese dinero no se entregó y, según el comisario ejidal de Pantanal, la resolución omite que se trata de tierras de cultivo y las considera de agostadero, lo que disminuye su valor.

Los ejidatarios presentaron el recurso de revisión 317/2004-19 ante el Tribunal Agrario, que el 12 de abril de 2005 declaró procedente el recurso en contra de la sentencia que emitió el Tribunal Unitario el 20 de abril de 2004.

Asimismo, como es imposible devolver la superficie en litigio, se condenó al gobierno de Nayarit a cumplir el decreto expropiatorio de 29 de enero de 1993 y pagar el terreno con base en un cálculo de la Comisión de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Cabin).

Esos avalúos se han venido alargando; se dan a conocer cantidades y los sucesivos gobiernos estatales han regateado, señaló Rivera Villanueva.

El pasado 10 de enero, a partir de una propuesta del senador perredista Javier Castellón Fonseca, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto y se le recordó que en 2004 se dictó una sentencia que ordena al Ejecutivo de Nayarit pagar a los ejidatarios.

“Sin embargo, el gobierno estatal ha retrasado de manera deliberada el pago. En 2007 el conflicto por las indemnizaciones cambió de curso: el gobierno estatal logró, con un juicio de amparo, la suspensión definitiva de la sentencia, por lo cual ya no fue obligado a cumplir con el requerimiento del Tribunal Agrario.

El juzgado de distrito sobreseyó el amparo del gobierno, pero éste interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, lo que permitió al Ejecutivo del estado ganar tiempo, pues dicha suspensión definitiva impide al Tribunal Agrario proceder contra la administración estatal, agregó.

Rivera Villalobos recordó que en octubre anterior el gobernador González “aceptó que nos deben, pero dijo que el gobierno no tiene dinero y ofreció pagar una parte en especie (se hablaba de casas) y otra parte en dinero.

Nosotros hicimos otra propuesta: que repongan esas 382 hectáreas en otro lado, en una zona de cultivo con las mismas características; sin embargo, esas propuestas quedaron en el aire, acotó.

Añadió que en 1984 cada hectárea valía 250 mil pesos y el precio actual es de más de un millón de pesos la hectárea. La gente señala que sería justo que nos pagaran eso.