Tras la muerte de dos personas a quienes se realizaban hemodiálisis en el Centro de Diagnóstico Ángeles, pacientes con enfermedades renales adscritos a las delegaciones norte y sur del Distrito Federal protestaron ayer frente a oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que, denunciaron, se les atiende en instalaciones deficientes, las cuales ponen en riesgo sus vidas.

A finales de 2009 los enfermos fueron informados en las clínicas donde los atienden que a partir de enero debían acudir a las instalaciones del Centro de Diagnóstico Ángeles, ya que en ese lugar les iban a realizar el tratamiento.

Sin embargo, aseguraron, en ese lugar se carece del equipo necesario para atender a los pacientes, pues no hay personal médico especializado y tampoco enfermeras capacitadas y certificadas.

Agrupados en la Asociación para el Enfermo Renal, decenas de personas protestaron ayer frente a la sede del IMSS en avenida Reforma. Informaron que desde que comenzaron a ser atendidos en dicho sitio, se han registrado dos fallecimientos.

Uno es el de Alberto Viche, de 22 años, quien se encontraba estable y estaba en protocolo de trasplante de riñón, pero por negligencia médica fue infectado masivamente. El segundo caso es el de Agustín Centeno Nolasco, de 66 años, quien falleció en la clínica Iztapalapa de dicho centro de diagnóstico. Le dio un infarto ahí y no pudo salir porque, aseguraron, se carece del equipo para atender emergencias.

En delicado estado de salud se encuentra José Armando Salazar, de 54 años, quien está hospitalizado, en terapia intensiva, en el Centro Médico La Raza, debido a un paro cardiorrespiratorio que le fue ocasionado por negligencia médica en la unidad del mismo centro, ubicada en Ejército Nacional.

Los manifestantes colocaron un ataúd, flores y veladoras en el acceso principal a la sede del organismo, mientras esperaban que saliera la comisión que había entrado a dialogar con las autoridades. La respuesta de funcionarios del instituto, indicaron, fue que iban a supervisar el centro de diagnóstico.

Se trata de alrededor de mil 600 personas con padecimientos renales, de las cuales alrededor de 400 ya interpusieron amparos, pues consideran que dichas instalaciones incumplen con la normatividad y su salud se encuentra en severo riesgo.