Los beneficios de la reforma constitucional al sistema de justicia para adolescentes –realizada hace más de cuatro años– se han truncado debido a que 13 entidades modificaron sus legislaciones, con lo que tuercen el sentido de la reforma y perjudican los derechos fundamentales de ese sector, aseguró Rubén Vasconcelos Méndez, autor del libro La justicia para adolescentes en México. Análisis de las leyes estatales.

Durante la presentación de la obra, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y Unicef, el académico destacó que en varios estados, con el argumento de la inseguridad en el país, se han realizado modificaciones a la normativa local para adolescentes con cambios en el catálogo de delitos considerados graves, ampliaciones en los tiempos de la detención preventiva, así como el incremento de tiempo en prisión, tras sentencia, hasta por 20 años en algunas entidades, lo que no es compatible con el espíritu de la reforma constitucional que se basó en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas.

En el acto, en el que participaron Susano Sottoli, representante de Unicef en México; la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, y Miguel Carbonell, del IIJ, los especialistas explicaron que la reforma al artículo 18 de la Constitución es una de las modificaciones legales de mayor trascendencia. Dicha reforma sentó las bases para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para los adolescentes acusados de la comisión de un delito, que se apega a la CDN y al respeto a los derechos fundamentales del sector. Convierte a los adolescentes en sujetos de derechos y deja atrás el antiguo modelo tutelar que prevalecía en México.

El nuevo sistema de justicia para ese sector asienta los principios de legalidad, debido proceso legal, especialización, mínima intervención, proporcionalidad, interés superior, desarrollo integral, reintegración social y familiar y privación de la libertad como último recurso.

Vasconcelos indicó que después de cuatro años de las reformas en todos los estados del país, excepto Guerrero, se han expedido leyes en la materia y se han puesto en operación sistemas especializados en materia de justicia para adolescentes.

Sin embargo, destacó que estos procesos se han visto interrumpidos por la inseguridad, que ha generado que se presenten cambios en las legislaciones de los estados que contravienen las garantías para el sector.