Agrupaciones ciudadanas consideraron que una reforma política que no toque los poderes fácticos sólo quedará en la epidermis, por lo cual demandaron modificaciones legislativas que sometan a controles institucionales y a sanciones la actividad de dichos poderes que operan como cárteles en materia económica, política y sindical.

En conferencia de prensa realizada en vísperas de que comience formalmente en el Senado el debate sobre la reforma política del Estado, agrupaciones como Oxfam México, El Barzón, El Poder del Consumidor y Al Consumidor detallaron que la discusión sobre si se otorga más poder al Legislativo o al Ejecutivo –o si se le resta a este último– será estéril y no abonará a la democracia si no se actúa sobre quienes realmente detentan el poder en el país.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón, señaló que la discusión y el pleito está entre un sector muy reducido de la clase política; se pelea sobre si el Congreso o el Presidente van a tener más facultades, y el problema es que al otro poder, el fáctico, que es el que en realidad decide, el que tiene capturado al Ejecutivo y al Legislativo, no lo quieren tocar, no quieren someterlo a reformas.

Abundó que se debe reconocer y actuar para revertir esta situación, en la que dirigencias sindicales, como las que ejercen Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, entre otros, o grupos empresariales y monopolios de medios son los que realmente detentan el poder y hacen doblar las manos a los poderes de la Unión, que terminan cediéndoles privilegios.

María Dolores, coordinadora de campañas de Oxfam, resaltó que la iniciativa presentada al Congreso no es más que una reforma electoral, y no toma en cuenta a la ciudadanía, por ejemplo –precisó–, para que pueda hacer valer sus derechos colectivos. Añadió que la reforma del Estado no será completa si no se genera una ley de medios que aborde el aspecto de los monopolios.

Asimismo, dijo que otro sector que debe tocarse es el de los cabilderos, cuya acción debe ser transparentada. Al respecto, Ramírez Cuéllar precisó que los cabilderos, tanto de empresas como de sectores políticos y sindicales, se valen del soborno para conseguir sus propósitos, por ejemplo entre los legisladores. Dichos sobornos pueden ser en dinero, en privilegios o premios, como viajes o apoyo en campañas electorales, o bien utilizan amenazas, como en el caso de los monopolios mediáticos, los que amagan con vetar a ciertos actores políticos. El dirigente barzonista insistió en que es a estas mafias a las que hay que poner en orden.

Daniel Gershenson Shapiro, de Al Consumidor, expuso que los cambios propuestos sólo son epidérmicos, no de fondo, e incluso hay retrocesos, por lo que llamó a los políticos a asumir su responsabilidad para lograr modificaciones que realmente aporten a la democracia.