Amnistía Internacional (AI) presentó ayer su informe denominado Exigiendo justicia y dignidad. Defensoras y defensores de derechos humanos en México, en el que da cuenta de 15 casos de asesinatos, amenazas y ataques contra activistas ocurridos entre 2007 y 2009.

Nancy Tapias Torrado, investigadora de AI, señaló ayer que México es el país más peligroso de la región para la actividad que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos; incluso más que Colombia y Guatemala. Aquí al activista (su labor) le puede costar la vida y el gobierno (mexicano) no está haciendo lo suficiente para resolver el problema.

El director de Amnistía Internacional sección México, Alberto Herrera, en la presentación del informe refirió: Aquí, en la primera fila del auditorio, hay sillas vacías con una rosa blanca en memoria de los defensores de derechos humanos asesinados en México. Otra silla está vacía y sin flor: es la del único preso de conciencia que tiene AI en la región de América Latina, Raúl Hernández. También hay una corona en memoria de la primera defensora de derechos humanos asesinada este año.

El organismo denunció que sólo por exigir sus derechos, justicia y dignidad, mejores servicios, educación o agua, matan, amenazan o persiguen a los activistas.

Tapias sostuvo que en México los defensores de los derechos humanos se enfrentan a graves amenazas que los llevan a perder la vida, a que las autoridades les inventen cargos, a que haya campañas de desprestigio contra ellos y que los encarcelen. El gobierno mexicano debe reconocer esta realidad.

Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a que ponga en marcha un mecanismo o un programa integral de protección a los activistas, que debe partir de reconocer la realidad, es decir, la situación de abuso e impunidad que existe en el país, así como adoptar leyes y políticas reales para su protección, reconocer públicamente el trabajo de estas personas y sobre todo investigar a fondo y sancionar a los responsables.

El informe refiere 15 casos, entre ellos el asesinato del ecologista Aldo Zamora, ocurrido el 15 de mayo de 2007. Aldo era un indígena tlahuica. Hombres armados le dispararon y también hirieron a su hermano, Misael Zamora, dice el documento.

También señala los asesinatos de los activistas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurridos en febrero de 2009 en el estado de Guerrero.

El informe cita el caso de Fernando Mayén Sánchez, abogado y miembro destacado de la comunidad de San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo, estado de México, quien fue asesinado por defender el medio ambiente. Otro asesinato que sobresale en el informe es el de Santiago Rafael Cruz, ocurrido el 9 de abril de 2009. Él era integrante del Foro Laboral del Obrero Campesino y su muerte ocurrió en Nuevo León.

Como ejemplo del uso indebido del sistema de justicia penal en contra de defensores de derechos humanos, AI menciona el caso de Raúl Hernández, activista indígena preso desde el 17 de abril de 2008. Otro expediente se refiere a Cipriana Jurado, quien fue detenida arbitrariamente el 3 de abril de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusada de ataques a las vías generales de comunicación por haber acudido a una manifestación en protesta por el asesinato de mujeres en este estado y la persecución contra migrantes.

El informe se refiere también al chihuahuense Jesús Emiliano, detenido y acusado de sabotaje por haber asistido a una manifestación. Meses después de estar preso fue absuelto de todos los cargos. De igual manera AI presenta el caso del sacerdote Alejandro Solalinde, de Ixtepec, Oaxaca, quien por defender y atender a migrantes ha sido amenazado y su albergue ha sido atacado.

Los anteriores, dijo AI, se suman a la lista de 128 expedientes de defensores de derechos humanos mexicanos que tiene la ONU por asesinato, acoso, persecución y campañas de desprestigio, entre otros. Finalmente, Tapias Torrado llamó al gobierno mexicano a revisar en detalle el informe, porque los casos hablan por sí mismos, no son inventados, han ocurrido y todos están en la impunidad.