El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, afirmó durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 93 por ciento de los delitos son del fuero común, que el mismo porcentaje de policías que existe en el país depende de las autoridades locales y que el delito que más se comete es el robo, mientras han disminuido ilícitos como el secuestro, las extorsiones y los homicidios.

Según el funcionario, las estadísticas dadas a conocer a los legisladores son cifras oficiales y no actos de fe, y aseguró que el número de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado –por cada cien mil habitantes– son similares a los que ocurrían en 1998. García Luna mencionó que el incremento de los índices de violencia están ligados con un mayor número de adictos y el interés de los grupos delictivos por el control del mercado interno de las drogas.

Señaló que en la actualidad más de 4.7 millones de mexicanos consumen drogas, principalmente mariguana y cocaína; dijo que las ganancias que por ello obtienen los cárteles se estiman en 811 millones de dólares anuales, en tanto que tres de cada cinco policías en México ganan 4 mil pesos mensuales, por lo que si se les pagaran 10 mil pesos mensuales a cada uniformado, se requerirían mil 277 millones de pesos más de presupuesto en materia de seguridad.

Ante la información dada a conocer por el titular de la SSP, los legisladores de PRD y PT en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública cuestionaron a García Luna por la falta de una verdadera estrategia gubernamental contra los grupos del crimen organizado, en especial en materia de lavado de dinero. También consideraron, así como el priísta Héctor Guevara, que a los graves problemas derivados de la profunda crisis económica que atraviesa el país se suma un gran escenario de inseguridad pública que nos ha forzado a vivir en el miedo, y es preocupación del Poder Legislativo que esos problemas terminen afectando la gobernabilidad democrática.

El senador petista Ricardo Monreal Ávila señaló que las estadísticas dadas a conocer por García Luna eran cuentas alegres, engañabobos que no reflejan la realidad que vive México, en donde han sido ejecutadas más de 15 mil personas y 4 mil han desaparecido en el curso de esta administración federal.

Monreal Ávila dijo al funcionario federal que podrán matar, liquidar, extinguir a los capos del narcotráfico, pero mientras mantengan intactas sus redes económicas y financieras se reproducirán y se seguirán reproduciendo, porque no están atacando el fondo del problema, por lo que preguntó por qué únicamente 20 de un total de 141 mil transferencias financieras consideradas relevantes fueron investigadas por las autoridades federales.

El diputado priísta Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez señaló: No podemos coincidir con los datos que se nos dan, no sólo por la manera de plantearlos, sino por lo que sucede actualmente, donde esa visión de 93 por ciento (sobre los delitos del fuero común) está muy lejos de ser la percepción de lo que sucede en las calles.

En tanto, el también diputado priísta Rogelio Cerda Pérez señaló que el gobierno federal ha negado que México sea un Estado fallido; sin embargo, en muchas ocasiones escuchamos que altos funcionarios justifican la embestida dura y directa al decir que en algunos estados y ciudades se ha perdido el control y la vigencia del estado de derecho, siendo éstas las características elementales de un Estado fallido.

El legislador petista Pedro Vázquez González dijo que los grandes golpes al narcotráfico en esta administración se han realizado más que por las unidades de inteligencia del gobierno federal, por denuncias provenientes de la sociedad mexicana o por información y colaboración con organismos como la DEA.

Defensa de panistas

Por su parte, diputados panistas, como Carlos Pérez Cuevas, defendieron las acciones del gobierno federal en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado, apoyando la propuesta de Genaro García Luna en cuanto a que se legisle el marco que regule la permanencia, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en el país, así como mecanismos de protección de los sistemas de información criminal, institucionalización de las distintas corporaciones en todo el país y revitalizar la cultura cívica de respeto y convivencia social.

En ese contexto, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, dijo al secretario que él (García Luna) forma parte del fracaso de la política de seguridad pública en el país y le pidió no andar sorteando con cifras la realidad nacional, para luego inquirir: ¿No ha pensado, ante estos escasos resultados, valorar con seriedad renunciar junto con su equipo de cara a la nación?

Finalmente, en cuanto a la creación de una policía nacional o la desaparición de las corporaciones municipales, García Luna señaló que en la lógica de alcanzar alcances operativos es mucho más fácil tener 32 jefes que más de 2 mil, ya que si cada entidad tuviera una policía integral daría mucha mayor capacidad de despliegue.