uien gobierna por decretos, desgobierna.
Bertrand Russell
Michoacán trabaja. Y para no contradecir el principal eslogan de la propaganda oficial de ese estado, el último día de 2009, mientras casi todos los ciudadanos festejábamos con uvas y sidra el arribo inminente del fatídico 2010, el gobierno de Michoacán trabajaba callada y sigilosamente en la publicación de un decreto para reducir la superficie de la Loma de Santa María, el área natural protegida que cubre la parte alta de Morelia, y que le provee de agua, oxígeno, bosques, biodiversidad, regulación climática y un escenario para el disfrute visual y el esparcimiento.
La Loma de Santa María se ha vuelto emblemática, porque ha sido motivo del conflicto ambiental más relevante de la capital michoacana. Por un lado, los promotores inmobiliarios y los poderosos empresarios de Morelia, cuya reserva natural desean borrar del mapa, porque les impide conectar sus fraccionamientos y centros comerciales de la porción más alta con el resto de la ciudad. Por el otro, los ciudadanos, vecinos, ambientalistas, investigadores, universitarios y gente común, que defienden el área como un derecho ambiental de la urbe. En medio, los gobiernos municipal y estatal, que más allá de principios y ofertas, o han asumido una posición tibia o neutra, o se han puesto de plano del lado de las elites económicas.
Para los morelianos resultan memorables las luchas contra el llamado megapuente (2006) y contra el megatúnel (2007), por las cuales la ciudadanía batió los intereses de empresarios y autoridades, por medio de declaraciones, cierre de calles, artículos periodísticos, diagnósticos técnicos y la manifestación ambientalista más importante realizada en la capital michoacana desde las protestas contra el absurdo proyecto nuclear en Pátzcuaro de 1984. Estos dos intentos de acabar con el principal pulmón de Morelia
fueron derrotados por la ciudadanía organizada.
La Loma de Santa María fue propuesta por el general Lázaro Cárdenas en 1936, y ratificada y elevada a área natural protegida en 1984 y 1993 por los gobiernos estatales respectivos. Hace unos días el gobernador L. Godoy ha dado vuelta atrás y le ha quitado por decreto y de manera instantánea 62 de sus 232 hectáreas, es decir, casi una tercera parte. La razón esgrimida en el documento es que esa superficie se encuentra deteriorada y, en consecuencia, se le baja de categoría y se le convierte a una figura más vulnerable, pues pasa de facto a ser zona de restauración y protección ambiental
. La razón verdadera es la de facilitar, cambiando las restricciones legales, la construcción de una carretera, cada vez más exigida por fraccionadores y comerciantes, la cual a espaldas de la opinión pública de la ciudad se encuentra ya trazada y en proceso inminente de ser construida. Se trata pues de una nueva batalla, la tercera, en torno a esa reserva.
Con ello el gobernador Godoy se anota brillantemente en la larga lista de gobernantes depredadores empeñados en desmontar la infraestructura de la nación. A los ferrocarriles, los bancos, las carreteras y la electricidad privatizados y cedidos a los particulares, parecen seguir las costas, los manglares, los manantiales, las minas, las reservas urbanas y las áreas naturales protegidas. Porque las riquezas naturales son parte también de la nación, y como bien público deben ser mantenidas, cuidadas y acrecentadas por los gobiernos, no lo contrario.
Pero la historia no termina ahí. Como Michoacán y especialmente Morelia es notable por los cientos de combativos ambientalistas y por las numerosas instituciones estatales y nacionales ligadas a las problemáticas ambientales, dentro de las cuales trabajan decenas de investigadores incómodos, el gobernador Godoy activó a través de sus colaboradores de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, un nuevo decreto que apareció el pasado 15 de enero. Verdadero monumento a la ignominia, el documento suprime todo el derecho ciudadano a la información pública de carácter ambiental y urbanístico en el estado.
A partir de ahora los ciudadanos no tenemos ya derecho a solicitar, como se hace en el resto del país, información sobre los siguientes rubros: programas de ordenación de las ciudades, dictámenes de uso y cambio el suelo, programas de desarrollo urbano, expedientes técnico de áreas propuestas para protección, archivos digitales de fotografías aéreas, imágenes satelitales Landsat y Spot, modelos y sistemas de información geográfica, expedientes del programa de verificación vehicular, y manifes- taciones de impacto ambiental. Ello coloca al estado de Michoacán como la entidad más retrógrada del país en materia de acceso a la información ambien- tal y urbana, por delante incluso de los gobiernos panistas, anulando toda transparencia en el manejo gubernamental de estos asuntos.
Por todo esto, por la inseguridad que prevalece y por el bajo perfil de su administración, los ciudadanos de Morelia y de todo el estado seguimos esperando a que Godoy reaccione, especialmente los miles que votamos por él, por sus propuestas y compromisos, por su plan de gobierno y por sus promesas de campaña. Y sobre todo porque pensamos que un gobierno verdadero de izquierda no claudica de manera tan descarnada ante los intereses y presiones de los poderes económicos. Lo esperamos para que ratifique su sensibilidad ambiental y ecológica y para que respete y restablezca el derecho ciudadano de acceso a la información pública, hoy suprimida como en las mejores dictaduras del planeta. Lo esperamos y continuaremos esperando. Esperando a Godoy.
