urante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, dijo que sólo 7 por ciento del total de los actos delictivos en el país son cometidos por el crimen organizado, mientras que el 93 por ciento restante pertenecen al fuero común. Sostuvo también que el robo en sus distintas modalidades es el delito que más preocupa y afecta a los habitantes del país. Adicionalmente, el funcionario realizó un balance de las adicciones en México: indicó que existen cerca de cinco millones de adictos a drogas ilícitas en el país, y dijo que las ganancias derivadas de ese consumo ascienden a 811 millones de dólares anuales.

En un contexto nacional marcado por una creciente espiral de violencia e inseguridad; por un exasperante número de muertos y por la constatación recurrente del vasto poder de fuego y de corrupción de las bandas de criminales, lo dicho por García Luna en su comparecencia distorsiona la realidad y hace necesario traer a cuento las críticas formuladas ayer mismo por el senador del Partido del Trabajo Ricardo Monreal, quien acusó al titular de la SSP federal de haber asistido ante el Legislativo sólo para presentar cuentas alegres.

En efecto, sin minimizar el impacto que tienen los delitos del fuero común en la población, es evidente que el sentimiento generalizado de temor y zozobra que recorre el país deriva, fundamentalmente, de las expresiones de violencia relacionadas con la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal desde hace tres años; de los constantes y sangrientos enfrentamientos entre miembros de los cárteles de la droga, o bien entre éstos y los elementos de las fuerzas públicas; del elevado número de ejecuciones y levantones asociados al crimen organizado, y de la evidencia de colusión entre narcotraficantes y jefes policiales en los distintos niveles de gobierno.

La gravedad de la inseguridad que actualmente se padece en el país tendría que obligar a las autoridades a reconocer los problemas en su justa dimensión, sin empeños por trasladar responsabilidades y sin regateos de la realidad, y los señalamientos de García Luna de ayer constituyen, en ese sentido, un elemento adicional de desaliento y alarma para la población.

Por lo demás, la mención por parte del titular de Seguridad Pública de las cifras oficiales relacionadas con las adicciones en el país –un problema que, cabe recordarlo, atañe a las autoridades del sector salud– evidencia un lamentable trastocamiento de la lógica de gobierno e ilustra la preocupante falta de comprensión por parte de las autoridades al intentar establecer una relación causal inexistente entre las adicciones y la crisis de seguridad pública que recorre el territorio nacional: el narcotráfico, en tanto que actividad ilícita, no deriva tanto del consumo de drogas cuanto de las prohibiciones impuestas por las autoridades, y la violencia emanada de este fenómeno no es necesariamente alimentada por el incremento en la cifra de adictos, pero sí por la persistencia de la descomposición del tejido social, el desempleo, la pobreza, la postración económica y el desgaste de las instituciones a escala nacional, es decir, por las causas originarias de la delincuencia.

En suma, la comparecencia de García Luna ante el Legislativo permite apreciar la confusión y la ceguera del Ejecutivo federal para combatir una problemática con hondas raíces económicas, sociales e institucionales. Queda claro que el combate del gobierno calderonista contra el narcotráfico seguirá siendo infructuoso, e incluso contraproducente, en tanto sus funcionarios no emprendan una revisión y corrección profundas de la actual estrategia de seguridad pública.