Unos 300 policías desalojaron a un centenar de campesinos de la organización Unidad Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) que hace tres meses se apoderaron de un predio de cuatro hectáreas que presuntamente pertenece a al grupo priísta Antorcha Campesina (AC), denunció Edith Ibarra Martínez, regidora perredista en Pachuca, Hidalgo, y dirigente de los precaristas.

Durante el desalojo, efectuado la madruga de este jueves, los policías estatales golpearon parejo, detuvieron a seis colonos, confiscaron 16 vehículos y con maquinaria pesada destruyeron las viviendas de los militantes de la UFIC. Aurelio González, dirigente del fraccionamiento Abril, denunció que una mujer fue sacada a golpes de su choza y le provocaron un aborto. El producto quedó entre los escombros. Además, dijo, los policías saquearon las viviendas y coche con placas HLC4963 fue destruido por la maquinaria pesada.

Los campesinos marcharon rumbo a la Comisión de Derechos Humanos del estado y a la Procuraduría General de Justicia para presentar denuncias contra las autoridades estatales.

Desde 1993 los militantes de la UFIC disputan con los antorchistas la parcela 73 del ejido Aquiles Serdán; el pasado 19 de octubre la invadieron y desalojaron al supuesto propietario, José Trinidad Hernández Araujo, y a seguidores de AC que habían instalado viviendas.

Guadalupe Orona Urías, dirigente de AC, presentó una denuncia penal y pidió apoyo al gobierno para desalojar a los militantes de la UFIC.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cuatro familias denunciaron que decenas de policías municipales destruyeron sus viviendas y otros bienes, presuntamente porque los confundieron con invasores de un predio aledaño propiedad del alcalde Mariano Díaz Ochoa.

Lo anterior ocurrió el 12 de enero en el kilómetro 3 de la carretera que conduce a la comunidad de Peña María, al sur de San Cristóbal.

La fuerza pública venía encabezada por Ricardo Díaz Ochoa (hermano del alcalde) y Miguel Ángel Aguilar, director de la policía municipal, denunció Maribel Pinto, investigadora del Centro de Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, quien exigió la reparación de los daños.