En lo que fue la primera crítica que juzgadores locales y federales hicieron en Los Pinos a las principales reformas constitucionales en materia de justicia penal del presidente Felipe Calderón, los magistrados que agrupa la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) advirtieron este miércoles que esas modificaciones fracasarán si no se destina presupuesto suficiente para que puedan concretarse.

Frente al presidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez, los juzgadores del país, encabezados por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostuvieron que por sí mismas y sin dinero suficiente para aplicarlas, las reformas en materia de justicia para adolescentes, narcomenudeo y los juicios orales no serán exitosas.

Horas más tarde, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que da cuenta del encuentro, pero sin hacer referencia alguna a la advertencia de los juzgadores sobre la falta de recursos para aplicar las reformas penales.

En lugar de ello, el texto de seis párrafos señala que el presidente Felipe Calderón reiteró el compromiso de su gobierno de colaborar con los juzgadores para garantizar, juntos, el acceso a una justicia pronta y expedita. Y que es a través del diálogo, de la unidad de propósitos y de acción, como se lograrán los resultados que los mexicanos exigen de quienes imparten justicia en nuestro país, añade Presidencia.

El comunicado indica que la AMIJ presentó al mandatario su agenda de actividades y, al mismo tiempo, reconocieron el diálogo e intercambio de ideas que hay con la administración del presidente Calderón, con el objetivo de encontrar mejores alternativas de justicia.

Después del encuentro, el magistrado Rodolfo Campos Montejo –quien planteó en Los Pinos los puntos más críticos a la reforma calderonista– sostuvo en conferencia de prensa que se requieren serios y muy importantes recursos económicos para poder echar a andar estas reformas, si no, están condenadas a ser el fracaso más importante de esta administración, porque al día de hoy no nos han asignado ni un solo peso.

Luego, al ser interrogado sobre si el endurecimiento en las penas contra los criminales, saturar las cárceles de delincuentes o militarizar las calles es la estrategia correcta para acabar con la criminalidad, el también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados del país sostuvo que “la delincuencia va a persistir en México mientras la desigualdad y la iniquidad económica y social sigan existiendo.

El combate a la delincuencia no se resuelve ni con la pena de muerte ni con penas máximas, sino con un combate frontal a la pobreza, a la ignorancia e invirtiéndole, pero en serio, en materia de educación, e invirtiéndole más a sistemas de prevención que de represión del delito, resaltó el también presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

Durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario general de la AMIJ, Rolando de Lassé Caña, Campo Montejo explicó que uno de los casos que más preocupan es el de los llamados juicios orales.

Refirió que las entidades enfrentan serios problemas para aplicar las nuevas disposiciones en materia de juicios orales, pues “no basta con que tras la reforma a la Constitución (de junio de 2008), en su artículo 20 se establezcan por ejemplo los juicios orales, sino que, derivado de ello, se requieren muy importantes recursos económicos para poder echar a andar esa reforma.

Expuso que es indispensable invertir para contratar a más personal, capacitar a jueces, agentes del Ministerio Público, abogados, policías y peritos, así como mejorar la infraestructura ya existente y construir más espacios. Estimó que por cada 2 millones de usuarios de justicia, se requieren alrededor de 300 millones de pesos, solo para echar a andar los juicios orales.

Comentó también que los juzgadores plantearon su preocupación a Calderón en torno a la justicia para adolescentes, porque cada vez es más frecuente que los grupos del crimen organizado usen a menores de edad para cometer delitos.

“Es un verdadero desastre en México el que en algunas entidades un joven infractor sólo pueda estar internado tres años, en otras cuatro y en otros estados seis… La sanción contra cualquier adolescente debe ir en proporción, no de su edad, sino del daño que haya causado.”

Reconoció que los impartidores de justicia están preocupados por la creciente cifra de amenazas a juzgadores.