Buenos Aires, 20 de enero. La justicia de Brasil entregó esta mañana al coronel retirado Manuel Cordero, del ejército uruguayo cuya extradición solicitó Argentina hace años por su responsabilidad en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.

Cordero está acusado de crímenes de lesa humanidad por los hechos en el centro de detención clandestino que funcionó en Automotores Orletti, en el capitalino barrio de Floresta. Es uno de los mayores involucrados en los secuestros, torturas y traslados de prisioneros políticos uruguayos desde aquí a Montevideo, en vuelos ilegales.

En uno de ellos se llevaron desde Orletti a María Claudia García, detenida cuando estaba embarazada junto con su esposo Marcelo Gelman. Él fue asesinado y su cuerpo encontrado en 1989 en un tonel sumergido en un río cercano.

La historia de la joven desaparecida en Urugua,y quien durante su cautiverio dio a luz a una niña en Montevideo que fue apropiada por los militares, dio la vuelta al mundo. En el año 2000, la joven fue encontrada en manos de un policía y su esposa, a los que según se relata, fue entregada por monjas y recuperada después de una desesperada búsqueda de su familia y su abuelo paterno, el poeta Juan Gelman .

Cordero está imputado con abundantes pruebas por los crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor en participación criminal con sus colegas argentinos y de otros países..

Fue en Orletti, virtual sede de Cóndor aquí, donde en 1976 fueron vistos antes de desaparecer los uruguayos Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, Hugo Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, cuya hija también apropiada y recuperada en manos de un agente argentino, Jorge Zaffaroni y María Claudia de Gelman.

Esta mañana la Interpol brasileña entregó a Cordero a su par de Argentina en el puente internacional fronterizo. Detenido en Brasil desde febrero de 2007 y asesorado por abogados que lograban mantenerlo en ese país, Cordero estaba en la ciudad de Santa Ana Do Livramento cumpliendo prisión domiciliaria, desde donde fue trasladado finalmente por la policía brasileña para cumplir el pedido de extradición aprobado el 6 de agosto de 2009 por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

Fue un proceso muy largo donde hubo muchas complicidades para dilatar su extradición, prácticamente desde febrero de 2007, cuando fue detenido en Brasil.

Por la causa de la Operación Cóndor están encausados aquí el dictador Jorge Videla, y el militar uruguayo podría compartir la prisión con algunos de los acusados locales como el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, Rubén Visuara, Honorio Martínez y el marino Jorge "Tigre" Acosta, sus socios en la coordinación criminal.

Coincidiendo con la extradición de Cordero, la fiscal uruguaya, Mirtha Guianze, solicitó la condena a 30 años de prisión para el dictador de ese país Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, por el secuestro y asesinato de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en mayo de 1976 junto al matrimonio Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco en Buenos Aires en una acción conjunta de la Operación Cóndor.

Se los acusa de "homicidio muy especialmente agravado". Un Tribunal de Alzada en este juicio consideró “un hecho notorio la influencia directriz que la política exterior de Estados Unidos ha ejercido (y ejerce) en esta parte del mundo y, obviamente, el papel relevante que en el diseño y ejecución de la misma le compete al secretario de Estado", Henry Kissinger.

Bordaberry y Blanco fueron procesados como "autores intelectuales e institucionales" del crimen porque "sabían" de los hechos ocurridos en Argentina y nada hicieron para evitarlos.

Cordero además de estar sindicado aquí como secuestrador, torturador y violador de detenidas uruguayas también en su país tiene una larga historia desde los años 1970 y 1973, por persecución y torturas contra militantes anarquistas y tupamaros, además de una saga internacional de acuerdos secretos e ilegales.

En Brasil, el dirigente de Derechos Humanos Jair Krischke libró desde el año 2005 una campaña internacional, sin bajar nunca los brazos, para que Cordero –uno de los mayores personajes de Cóndor- terminara siendo entregado a la justicia.