Durango, Dgo., 20 de enero. Una supuesta riña entre grupos rivales de presos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número uno, en esta capital, dejó un saldo de 23 muertos, todos por armas punzocortantes, y ningún herido. Con ellos suman 43 los homicidios en ese centro penitenciario en menos de un año.

El general Moisés García Melo, comandante de la décima Zona Militar, no descartó que algunos reos hayan sido asesinados por encargo, ya que varios cadáveres se encontraron en el área de procesados, apartada de la zona de celdas. Explicó que en esa parte del penal se encuentran las personas recién ingresadas, que no han sido procesadas ni se les ha asignado celda.

Nueve de los 23 reclusos muertos ingresaron apenas la semana pasada al área de procesados, acusados de secuestro.

El jefe militar relató que poco después de las siete de la mañana se abrieron las celdas para que los reos fueran a desayunar, cuando se desató la riña entre dos bandos rivales.

Precisó que los 23 muertos eran de diferentes áreas y no se encontraron armas de fuego.

En conferencia de prensa, Noel Díaz Rodríguez, director de Prevención y Readaptación Social del estado, y el procurador Daniel García Leal, dieron a conocer que de los 23 reos fallecidos nueve estaban acusados de secuestro; siete, por delitos contra la salud; cuatro, por homicidio; uno por robo, otro por violación y uno por lesiones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pidió apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación más profunda, ya que van 71 muertos en los penales de Durango en 18 meses.

Carlos García Carranza, presidente del organismo, reconoció que estos sucesos han rebasado la capacidad de la CEDH para efectuar las indagatorias. Agregó que en las próximas horas se espera el arribo de dos visitadores de la CNDH especialistas en riñas y motines en penales.

Autoridades federales señalaron que una línea de investigación sobre el enfrentamiento es la disputa por el control de la venta de drogas dentro del penal.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación estatal en Durango inició la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/029/2010 contra quienes resulten responsables del delito de homicidio de 23 reos, 14 procesados por delitos del fuero común y nueve bajo proceso por ilícitos del orden federal, y lo que resulte.

En agosto de 2009 se enfrentaron dos grupos de internos por el control del penal. Veinte murieron y más de 17 resultaron heridos, lo que motivó que días después 22 internos considerados peligrosos fueran trasladados al Cereso de Gómez Palacio.

La noche del martes pasado, Jaime Rodríguez González, quien salía de este penal, fue ultimado a balazos por un grupo armado que dejó heridas a dos personas que habían ido a recogerlo.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 los incidentes en cárceles del país dejaron un saldo de 200 muertos, 507 heridos y 142 reos fugados.

Algunos de los 23 muertos, entre ellos Alejandro Alonso Favela, estaban relacionados con una banda de secuestradores detenida en diciembre de 2009. También había presuntos narcotraficantes de los municipios Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo, como Miguel Ángel Núñez López y Ruperto Guerrero Aragón, respectivamente.

También murieron José Manuel Muñiz, José Martín Parra y Ubaldo Lerma, presuntos cómplices de Alejandro Alonso Favela. El Cereso número uno de Durango, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, está sobrepoblado a pesar de que se han realizado traslados de reos a otras prisiones. Su capacidad es de mil 854 espacios y tiene una población de 2 mil 183 presos, mil 375 del fuero común y 808 del federal.

Los reclusos del fuero común son 763 hombres y 45 mujeres sujetos a proceso penal; 546 varones y 11 mujeres ya purgan sentencia. Los presos del fuero federal son 281 varones y 18 mujeres sujetos a juicio; a ellos se suman 440 hombres y 69 mujeres ya sentenciados.

Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que la mayoría de las cárceles del fuero común del país, además de tener problemas por el gran número de presuntos delincuentes sin sentencia –que suman 40 por ciento de los más de 223 mil reos existentes– padecen corrupción de autoridades. Las cuotas por seguridad, el tráfico y el consumo de drogas en esos centros, son apenas la punta del iceberg, dijo.

Con información de Notimex y Dpa