Los juicios de amparo iniciados durante 2009 en el país saturaron el trabajo de los juzgados federales que revisan ese tipo de litigios.

De acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consultadas por La Jornada, el año pasado se presentaron 378 mil 412 demandas de amparos indirectos ante juzgados de distrito del país, que son atendidas por 270 jueces, un promedio de mil 400 casos por juzgador.

Sobre ese tema, jueces federales consultados este martes indicaron que la reforma constitucional que aprobó el Senado de la República a finales del año pasado en materia de juicio de amparo, llevará a un crecimiento todavía mayor del Poder Judicial Federal (PJF), que sólo en los dos años anteriores ha tenido que abrir 200 nuevas plazas de jueces y magistrados para enfrentar la carga de trabajo, principalmente para atender las demandas de garantías presentadas por miles de quejosos.

Los juzgadores especializados en amparo que fueron entrevistados ayer refirieron que la reforma facilitará la promoción de más amparos indirectos contra leyes y actos de cualquier autoridad, pues el particular o persona quejosa ya no tendrá que acreditar una afectación directa a su interés jurídico, sino que se introduce el concepto de interés legítimo personal o colectivo, lo que facilitará la posibilidad de recurrir al juicio de amparo.

Como la reforma del Senado eliminó de la iniciativa original otra propuesta de modificación constitucional que limitaba la procedencia del amparo directo, los tribunales federales seguirán revisando todas las sentencias que dictan los tri- bunales estatales o del fuero común, lo que obligará a la creación de mayores órganos jurisdiccionales del PJF.

La decisión de los senadores de echar abajo esa limitante sobre la procedencia del amparo directo obedeció a que el Consejo Coordinador Empresarial se quejó ante la posibilidad de no poder contar con una revisión federal en litigios mercantiles y fiscales, pero además de que el año pasado creció el indirecto, el amparo directo (último recurso jurídico que se interpone contra sentencias de segunda instancia) también ha crecido. De 129 mil 921 ingresos en 2006, durante 2009 la cifra llegó a 150 mil 567 demandas de amparo.