Culiacán, Sin., 19 de enero. El 98 por ciento de los casos de agresiones y homicidios contra defensores de los derechos humanos y periodistas no se resuelven, y no hay castigo para los culpables, por lo que se encuentran entre los grupos más vulnerables y violentados por la violencia e inseguridad generadas por el narcotráfico y la impunidad.

Así lo afirmó Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien durante una visita a la entidad se reunió con activistas de organismos oficiales y ciudadanos, periodistas y autoridades municipales y estatales.

Además, presentó el informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en el país, durante el cual exigió el esclarecimiento de los homicidios y agresiones y castigo a los responsables.

“Hoy más que nunca tiene validez este tipo de actos, esta visita, por los asesinatos del periodista José Luis Romero y del activista Ricardo Murillo, así como las agresiones contra Salomón Monárrez –estos dos últimos del Frente Cívico Sinaloense (FCS)– que nos tienen aquí, preocupados”, dijo.

El pasado sábado, el cuerpo de José Luis Romero, comunicador del noticiero de radio Línea Directa, fue encontrado con impactos de bala en las cercanías de Los Mochis.

Ricardo Murillo, secretario del FCS y hermano de la presidenta de la agrupación, Mercedes Murillo, fue asesinado en 2007, mientras que en agosto de 2009, Salomón Monárrez fue baleado por desconocidos y abandonó la ciudad durante cerca de cinco meses, hasta que volvió en enero.

Alberto Brunori mencionó que a escala nacional los estados donde se han documentado más violaciones a los derechos humanos por tanto con más riesgos para los activistas de estos organismos y para los periodistas, son Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Guerrero, San Luis Potosí, Chi-huahua y Sinaloa.

Agregó que los riesgos de agresiones se extienden para aquellos defensores de los derechos indígenas, de las mujeres y otros.

“De los 128 casos documentados de enero a agosto de 2009, sólo en dos se supo el origen de la agresión, lo que significa que en alrededor de 98.5 por ciento se mantiene la impunidad.

Eso quiere decir que lo que hagan o dejen de hacer los delincuentes, los violadores de los derechos humanos, es que todo va a quedar ahí y finalmente no va a pasar nada, lamentó.

Brunori estuvo acompañado por dirigentes del FCS, Centro Miguel Agustín Pro, Comisión Estatal de Derechos Humanos, el organismo Artículo 19, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Centro para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar e Instituto Sinaloense de las Mujeres.