rincipalmente por la actitud y forma, el cardenal Norberto Rivera aparece como un actor teocrático que intenta someter la racionalidad política y jurídica del país a los principios religiosos.
Cuando Rivera afirma la supremacía de la ley divina sobre el orden secular realmente existente se coloca como un ayatola de la intransigencia religiosa y de certezas absolutas, de tal suerte que la discusión sobre los matrimonios gays y las adopciones, punto central del debate, en momentos ha pasado a segundo plano. El acto comunicativo del cardenal cancela la discusión de un tema álgido para dar lugar a los reproches, las descalificaciones, las amenazas y los chantajes entre los diversos actores involucrados. Las declaraciones y los posicionamientos acostumbrados, a manera de ritual litúrgico, han mostrado la falta de conceptualización y la pobreza argumentativa de los diferentes protagonistas.
Ahora, lo que flota en el ánimo de la discusión es la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia entre la religión y la política. Dicho de otra manera: si los principios católicos y la política parecieran ser irreconciliables, más bien lo importante a saber es si la democracia podrá ser compatible y coexistir con una religión que ambiciona dirigir la política y a la clase política, como en la Edad Media o en los actuales integrismos islámicos. O, por el contrario, concediendo la óptica del cardenal, cómo podrá prevalecer la cultura católica si la política y cultura modernas intentan manipular o subordinar lo religioso, como sucedió en las experiencias comunistas o las dictaduras sudamericanas que demolían todo en nombre de una sociedad occidental y cristiana, es decir, se apropiaron de lo religioso para justificar la represión.
El Estado laico permite a cualquier iglesia defender y sostener hasta con pasión sus posturas; sin embargo, el Estado laico no puede resistir ni tolerar la amenaza ni la deconstrucción de sus fundamentos basados en el respeto a la pluralidad, en la tolerancia y la equidad, especialmente ante las minorías.
El Estado laico supone el respeto a los principios y fundamentos, que le permite regular la convivencia pacífica de las diversidades. En la antigüedad y en la Edad Media los ordenamientos religiosos eran el sustento básico de las normas de la sociedad; de ahí que los códigos éticos y las nociones cardinales de la moral eran claramente confesionales. La identidad societaria era esencialmente religiosa; el carácter divino de las leyes, además de hacerlas irrefutables, las volvía obligatorias tanto para el individuo como para la comunidad; su cumplimiento convierte al sujeto en virtuoso merecedor de premios o, por el contrario, de castigos. Con el advenimiento de la modernidad, la razón instrumental establece diferenciaciones, y una de las características notables de esta modernidad es que rechaza a Dios como jefe de Estado.
En cada sexenio, el cardenal ha desatado altercados y tormentas por sus posturas de rechazo al orden social establecido. Recordemos: en tiempos de Zedillo, con apenas un año en la arquidiócesis, Rivera reivindicó en una homilía inflamada, el 20 de octubre de 1997, la acción política de la Iglesia católica e incluso llamó a la desobediencia civil.
Oficiosamente fue apercibido tímidamente por la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, encabezada por Rafael Rodríguez Barrera en ese entonces. El gobierno amagó a la arquidiócesis con retirarle su registro como asociación religiosa. Esa actitud hizo que el clero católico cerrara filas en torno del arzobispo, recibiendo el apoyo de diferentes voces democráticas y fuerzas políticas, entre ellas las del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, pidiendo al gobierno mayor tolerancia y mayor libertad de expresión para las iglesias.
El segundo caso de posicionamiento agresivo fue en octubre de 2005, en el gobierno de Vicente Fox, en torno a la eutanasia. El cardenal nuevamente propuso negar obediencia al gobierno y al orden legal constituido; aquí sorpresivamente recibió el apoyo del entonces secretario Carlos María Abascal, quien se detentó jusnaturalista frente al derecho positivo imperante en este país desde las leyes de Reforma, postura válida para un creyente, pero cuestionable con la más alta investidura de ser el único secretario de Gobernación que avala la supremacía del derecho natural sobre el positivo. Y bajo la figura de la objeción de conciencia
–jurídicamente inexistente en México– condescendió al llamado a la desobediencia civil propuesta por el cardenal (La Jornada, 19/10/05).
Norberto Rivera tiene genes cristeros, heredados de uno de sus maestros, el ultraconservador y controvertido obispo de Durango, Antonio López Aviña (1915-2004), quien soñaba construir una república católica sustentada por movimientos socialcristianos tipo falanges franquistas. Ése es quizás el modelo que Rivera evoca imprudentemente atrayendo las posturas de las gestas cristeras que llegan a cimbrar peligrosamente el sistema político mexicano. Rivera Carrera obliga a muchos obispos, ya en el ojo de tormentas, a posicionarse a su lado probablemente sin estar del todo de acuerdo en las formas ni procedimientos de confrontación directa y ruda.
A diferencia del torbellino de 2007 en torno al aborto, en el que prácticamente el cardenal se quedó solo, ahora ha aprovechado que un sector significativo de la sociedad mexicana no está en favor de los matrimonios gays y rechaza fundamentalmente el tema de la adopción. El cardenal ha logrado movilizar y agrupar a los sectores más conservadores del PAN, encabezados por su presidente César Nava, señalado por Luis Paredes en su libro Los secretos del Yunque como uno de sus más prominentes activistas; igualmente el cardenal ha contado con el sustento de diversas agrupaciones evangélicas.
Más allá del desenlace para revertir la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedan preguntas entre los creyentes en un contexto secular: ¿el Estado laico puede tener una ética política sin un fundamento espiritual ni de trascendencia? O, dicho de otro modo, ¿el Estado puede ser legítimo al poseer una moral laica que prescinda de Dios?
