n los poco más de tres meses transcurridos desde la extinción, vía decreto presidencial, del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), y del despido masivo de más de 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la zona centro del país se ha visto recurrentemente afectada por interrupciones en el suministro de energía eléctrica. El pasado fin de semana, el valle de México experimentó el embate de fuertes ventarrones que, a pesar de ser habituales en la temporada, provocaron suspensiones de energía inusualmente severas y prolongadas en extensas zonas de esta capital y el área conurbada: medio centenar de colonias y unos 360 mil usuarios sin electricidad durante horas e incluso días; cerca de 400 mil personas sin suministro de agua ante la falta de capacidad de bombeo –según informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México– y pérdidas de aproximadamente cien millones de pesos en pequeñas y medianas empresas y comercios, de acuerdo con cifras proporcionadas el pasado lunes por la Confederación Patronal de la República Mexicana.

En la circunstancia descrita, cabría esperar una reacción rápida y oportuna de los actuales encargados de operar la red de abasto de energía eléctrica en la zona centro del país, así como un compromiso efectivo de las autoridades competentes para garantizar a los ciudadanos el suministro de electricidad y procurar, con ello, la normalización de las actividades laborales y domésticas. No obstante, a la manifiesta incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –entidad encargada del servicio eléctrico en el valle de México tras la extinción de LFC– para atender las fallas mencionadas, se suma ahora una confesión de incapacidad del gobierno federal para cumplir con sus responsabilidades: no otra cosa es la declaración, realizada anteayer por el vocero de la paraestatal, Estéfano Conde, de que serían necesarios entre 18 y 20 meses para que esa compañía pueda ofrecer un servicio de calidad similar a la de otros estados en los que opera.

La solicitud de espera formulada por el funcionario constituye un despropósito mayúsculo, pues un periodo semejante sin garantía de suministro eléctrico profundizaría los efectos de la situación de postración económica que enfrenta buena parte del país, llevaría al punto de colapso a cientos de micro y pequeñas empresas, pondría en riesgo la operación de escuelas, hospitales y edificios gubernamentales, y comprometería, en suma, la estabilidad política y social en el valle de México. ¿Será eso lo que se pretende?

Hasta ahora, los empeños del gobierno federal por responsabilizar, velada o abiertamente, a los trabajadores del SME de las constantes fallas en el suministro de electricidad han quedado desacreditados ante el comportamiento de un gremio que se ha movilizado de forma pacífica y se ha conducido por cauces estrictamente institucionales. En cambio, el propio gobierno federal ha incurrido en algo muy parecido al sabotaje al suministro eléctrico de la zona centro del país, si se toma en cuenta el designio de concesionar la operación de ese servicio a contratistas privados a todas luces incapaces e insuficientes, y por sustituir a decenas de miles de electricistas experimentados con unos centenares de trabajadores subcontratados por la propia CFE y sometidos a condiciones laborales precarias, como informó este diario en su edición del pasado domingo.

Ante estas consideraciones, es imperativo que el Ejecutivo federal cobre conciencia de las implicaciones sociales y económicas de su actual cruzada antisindical y de su empeño por satisfacer los apetitos privatizadores –incluso por encima de los intereses de la nación–, y reconozca la procedencia de revertir el decreto presidencial emitido el pasado 11 de octubre, en el entendido de que sin LFC y sin sus trabajadores difícilmente se podrá impedir la redición de escenarios como los que se vivieron en días recientes en el valle de México.

Es necesario, por último, ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por el grupo en el poder, que las autoridades del Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –es decir, las entidades donde operaba LFC– se planteen y analicen crear una entidad generadora y distribuidora de energía eléctrica que pueda atender a los habitantes de la zona centro del país, y garantizar la viabilidad social y económica de la región. Si los gobiernos federales no han tenido empacho en poner en manos privadas buena parte de la generación –y, ahora, de la distribución– de electricidad, a contrapelo del artículo 27 constitucional, no debería haber obstáculos legales para que los gobiernos de las entidades referidas, en tanto que integrantes del Estado, creen organismos paraestatales que proporcionen este servicio esencal a su población.