Correré el riesgo de entregar dinero a los gobiernos de los estados, pero los apoyos deberán estar dirigidos a los planes establecidos desde el año pasado a través de la subsecretaría de Agronegocios, además las entregas de los montos no serán iguales para ninguna de las entidades, puntualizó el subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda.

No descartó que en este año, cuando se realizarán comicios en 14 estados, se intentará desviar recursos. Es una tentación muy grande por ser un año electoral, pero me la jugaré.

La decisión de los porcentajes de entrega de los recursos se empezará a tomar a partir de las reuniones regionales que comenzarán este martes entre Sagarpa y las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos de los estados. En ellas se determinará qué porcentaje de los recursos convenidos se destinará a bienes públicos; no se trata de sólo dejar a los estados más capacidad de gestión, sino reservar un porcentaje para bienes públicos que Sagarpa considera importantes para el desarrollo rural: información, infraestructura, sanidad animal y vegetal, investigación y desarrollo, capacitación y creación de capacidades para los productores y desarrollo de mercados.

En entrevista expuso que la fiscalización de los recursos también corresponde a las organizaciones de productores. Los gobiernos de los estados tienen la toma de decisiones, pero también las organizaciones, a través de los consejos estatales de desarrollo agropecuario, pueden ser corresponsables. En lugar de hacer marchas y manifestaciones y estar en el golpeteo deben asumir, a escala local y regional, la responsabilidad de ejercer en forma correcta los recursos y no sólo señalar a los gobiernos, a través de los instrumentos de participación que ellas mismas crearon.

En una década el presupuesto para el campo se ha multiplicado tres veces, pero la producción no se ha triplicado, pues la permanencia del minifundio y la pulverización de la propiedad social, aunadas a las dificultades de acceso al crédito y la inseguridad, entre otros factores externos a la Sagarpa, han detenido el desarrollo del sector, afirmó.

Aceptó que en el campo hay más pobreza; no hay bienestar, ni empleo, ni combate la pobreza, y que el crecimiento en la agricultura no se ha podido hacer extensivo, entre otras razones porque con predios menores a cinco hectáreas una familia ya no puede tener una vida digna aunque los precios agrícolas sean buenos y se tengan los adelantos tecnológicos. Se trata de un asunto más sociológico que económico porque no se ha encontrado la forma de compactar los predios ni hay organizaciones eficientes, pues están más atentas al asunto político que al económico y eso distorsiona.

Otro factor que daña es la delincuencia organizada, la cual ha permeado a las comunidades rurales y eso está claro en Michoacán y Chihuahua, por ejemplo. Dicha situación inhibe la inversión de los productores por miedo y atrae a los jóvenes, pues con menos esfuerzo obtienen ingresos. Los recursos de las actividades ilícitas están orientándose a la adquisición de ranchos y de tierras agrícolas de alto potencial productivo, lo cual rebasa a Sagarpa y cae en el ámbito de la seguridad pública, expresó.