Pierde en tribunales la mayoría de impugnaciones a las sanciones económicas impuestas
Lunes 18 de enero de 2010, p. 9
Indagatorias inexistentes
, juicios malogrados, sanciones económicas imposibles
de cobrar y un alto porcentaje de amonestaciones
verbales (privadas, en su mayoría) a funcionarios que causan quebranto millonario al erario resultan de las pesquisas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo que va de la gestión de Felipe Calderón.
Aunado a ello, las investigaciones de la SFP contra peces gordos se mantienen bajo reserva por más de una década o se llevan tanto tiempo que superan los plazos legales para aplicar las sanciones respectivas. Otras simplemente se archivan.
Como ejemplos están el presunto enriquecimiento ilícito de Vicente Fox en su gestión presidencial; el indulto al ex titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, aunque la auditoría efectuada por la SFP no informó cómo comprobó el gasto de 20 millones de pesos, y el desconocimiento de sanciones aplicadas a empresarios y funcionarios por las irregularidades en la construcción de la megabiblioteca José Vasconcelos.
En el caso de Fox, si bien la SFP inició la indagatoria en 2007, el expediente permanecerá en reserva hasta abril de este año, como confirmó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hace unas semanas. Para entonces habrá fenecido el lapso legal para aplicar la sanción respectiva, observó la comisionada del IFAI María Elena Pérez-Jáen.
Emblemática es la denuncia contra el ex titular de la Lotería Nacional (Lotenal) Miguel Ángel Jiménez, operador político de Elba Esther Gordillo en el Partido Nueva Alianza, acusado de presunto soborno para la adquisición de espacios en el Diario de Yucatán en favor del PAN. Luego de ocho meses de investigaciones, la SFP determinó exculparlo por falta de pruebas
.
De forma similar procedió contra el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, acusado de conflicto de interés, cuyo caso cerró la SFP porque Gil renunció antes de concluir la indagatoria.
Cifras oficiales confirman que poco o casi nada de lo malversado se reintegra al erario: al año, más de dos mil procedimientos de la SFP son impugnados y buena parte los pierde en tribunales.
Así lo reconoce la subsecretaria de esa dependencia, Elizabeth Yáñez: “En nuestra área jurídica llevamos un récord de cuántos casos nos impugnan y nos ganan: (…) más o menos les podría decir que al año llevamos en la oficina central (SFP) unos 600 casos, y en los órganos internos de control (OIC), que son arriba de 300, estamos hablando de 2 mil y pico de procedimientos”.
En promedio, cada año se sanciona a unos seis mil servidores públicos, gran parte con montos menores por irregularidades administrativas. Otros tienen sanciones millonarias, como el ex titular de Pemex Raúl Muñoz Leos, cuya multa de mil 700 millones de pesos (la ley sanciona con base en el daño causado al erario más un peso) no se hace efectiva desde 2007, por seguir el juicio en tribunales.
A causa de que la ley pone a la SFP en condiciones de imposibilidad de cobrar la multa
, como reconoció Yáñez, apenas se resarce al erario 0.1 por ciento de los daños patrimoniales, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Administración.
Esa instancia consignó que sólo en 2008 el erario federal sufrió una malversación superior a 30 mil 35 millones de pesos.
Por lo demás, la misma SFP admite que 68.9 por ciento de las sanciones son amonestaciones verbales
privadas o públicas.
En cuanto a 16 indagatorias de pesquisas relevantes, iniciadas de 2006 a la fecha, la SFP dice carecer de información y en algunos casos de plano declara la inexistencia de los expedientes. En el oficio CI-SFP.-1320/2009, esa dependencia dice no tener las indagatorias de casos relevantes, como el de Enciclomedia; de las aduanas y la Cofepris por la introducción de seudoefedrina por parte de Zhenli YeGon y del proceso de nacionalización de éste; de las irregularidades en la construcción de las obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; de los contratos de Pemex otorgados a empresas de la familia del extinto Juan Camilo Mouriño, y del accidente en que éste murió, por citar algunos casos.