Al menos 19 ex funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo fueron sancionados por el órgano de control interno de esa demarcación, por incurrir en diversas anomalías relacionadas con contratos de obra, aseguró ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Ramos.

En conferencia de prensa, el legislador detalló que las irregularidades fueron cometidas durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 –este último correspondiente a la gestión de la panista Gabriela Cuevas–, las cuales fueron detectadas y sancionadas a finales del año pasado por la Contraloría interna.

Comentó que los presuntos responsables apelaron de dicha resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, órgano autónomo que podría ratificar las sanciones de encontrar elementos suficientes, o bien anularlas ante la falta de pruebas contundentes.

Interrogado en torno a los nombres y cargos de esos ex servidores públicos de la Miguel Hidalgo, el perredista detalló que al ser un asunto todavía en vías de concluir no se pueden dar a conocer detalles del expediente.

Añadió que las revisiones a los ejercicios 2008 y 2009 se encuentran en proceso de seguimiento e integración de los dictámenes respectivos. Comentó que por el tipo y número de observaciones generales, se puede decir que fue un ejercicio administrativo con serias deficiencias en los mecanismos de control y aplicación en áreas clave.

Leonel Luna ofreció ayer una conferencia de prensa, en la que detalló que las presuntas irregularidades que hasta ahora se han ido conociendo no fueron sólo durante la gestión de Gabriela Cuevas Barrón, sino también durante el breve periodo de Alfredo Vinalay.

Comentó que a raíz de la confrontación pública que tuvieron la ex jefa delegacional y el actual titular de la Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, se conoció que se hizo un pago anticipado por 40 millones de pesos para obras públicas en Ferrocarril de Cuernavaca, las cuales nunca se realizaron. Además de un estudio contratado por Vinalay Mora con la empresa TAO y Asociados, con un costo superior a los 10 millones de pesos, el cual no se incluyó entre todos los documentos que formaron parte del proceso de entrega-recepción.

El perredista detalló que frente a todas las presuntas anomalías que se señalan durante la gestión de Cuevas y Vinalay, está pendiente la comparecencia de Sodi para que ahonde en esa información.

Añadió que, a la par, la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF realizará auditorías especiales a contratos de obras en dicha demarcación, para deslindar responsabilidades.