En cinco años las autoridades no han logrado erradicar los problemas de seguridad en el penal del Altiplano (antes La Palma). El 5 de enero de 2005 se instauró la alerta máxima por la muerte a tiros de tres integrantes del cártel de Sinaloa: Alberto Soberanes Ramos, Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y Arturo Guzmán Loera, El Pollo. Documentos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, refieren que es un hecho notorio que en esta unidad administrativa, prevalezca la alerta máxima, dado que sigue teniendo cuerpos policiacos ajenos a esta institución.

En la actualidad están saturados cuatro de los cinco penales de máxima seguridad, con casi 3 mil internos, y en el más reciente, el de Aldama, Veracruz, internos como José Luis López García, activista del Ejército Popular Revolucionario, detenido en 1996, viven las siguientes condiciones: se permite únicamente la visita de un familiar, una vez al mes y por un lapso de dos horas y no tengo derecho a realizar ninguna llamada a mis familiares; no tengo actividades de ningún tipo, lo que implica que debo permanecer más de 20 horas encerrado en mi estancia.

El 5 de enero de 2005, Josefina Jaime Quiroz, en calidad de encargada de la dirección de La Palma, convocó al Consejo Técnico Interdisciplinario del penal a una sesión extraordinaria para analizar la situación de la institución, en la cual se hizo una breve relación de los siguientes acontecimientos:

“Los homicidios del 6 de octubre y 31 de diciembre del 2004, en los que perdieran la vida los internos Miguel Ángel Beltrán Lugo y Arturo Guzmán Loera, mediante el empleo de armas de fuego calibre 22 y calibre 9 milímetros, respectivamente, así como el homicidio del también interno Alberto Soberanes Ramos, ocurrido el 3 de mayo del mismo año, sin descubrir quién o quiénes fueron los homicidas; el gran número de teléfonos celulares que han sido encontrados en el interior de esta institución penitenciaria en los diversos operativos de revisión; además de otra gran cantidad de objetos no permitidos por la normatividad vigente y que algunos poseen en sus estancias.

“Tal cúmulo de irregularidades permiten establecer que la seguridad institucional ha sido vulnerada en diversas formas, generando una situación de inseguridad para los internos, personal y visitas en general, por lo que en estos momentos, el centro federal se encuentra en una situación de alto riesgo.

“Aunado a lo anterior, no se tiene la certeza de que la población de internos no cuente a la fecha con objetos, sustancias y aparatos, que sigan poniendo en riesgo la seguridad institucional que debe imperar en este tipo establecimientos, por lo que comunica a los integrantes de este Consejo Técnico Interdisciplinario la necesidad de solicitar a las fuerzas federales su apoyo para que se realicen operativos de revisión en busca de dichos objetos o sustancias prohibidas en el reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social”, señala el acuerdo tomado a las 16:15 horas del 5 de enero de 2005.

El documento y la respuesta de que otros documentos amparan el estado de alerta máxima en el penal del Altiplano desde esa fecha, fueron enviados al juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, el 18 de agosto de 2009.

Por medio del oficio SSP/ SSPF/OADRPS/CFRS1/7956/2009, la dependencia que dirige Genaro García Luna señaló al juzgado en cita que es un hecho notorio que en esta unidad administrativa (el Altiplano), prevalezca la alerta máxima dado que sigue teniendo cuerpos policiacos ajenos a esta institución.

El penal más nuevo

El Centro Federal de Readaptación Social número 5, Oriente, que se localiza en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, empezó a funcionar a mediados de 2009, y a ese centro fueron enviados José Luis López García y Sergio Bautista Martínez, a quienes al llegar les dijeron que las condiciones de reclusión en dicho centro cambiarían, pues estaba empezando; sin embargo, a seis meses de su arribo las condiciones no han sido modificadas, refiere la petición de amparo, en la cual solicitan mejorar su situación penitenciaria y que se respeten sus garantías.