esde el principio del conflicto iniciado con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno federal se basó exclusivamente en la fuerza... y en el engaño. Los que fueron por su liquidación, recibieron en general mucho menos de lo ofrecido. El público escuchó, a través de la televisión y en general de los medios de difusión controlados por grandes empresas, la denigración de LFC y de sus trabajadores, en especial del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los funcionarios del gobierno, desde el principio, optaron por la imposición, nunca por la negociación: primero liquídense, después hablamos. Y el secretario de Trabajo, pese a que se supone que su puesto es para mediar entre los factores de la producción, buscó distinguirse como el más agresivo. Se olvidó totalmente que el 16 de marzo de 2008 firmó como testigo, junto con otros funcionarios, el convenio de productividad. Menos aun se fijó en los avances que hubo a lo largo de la aplicación de este convenio y hasta la ocupación policiaco-militar de los centros de trabajo de LFC.
Ahora, se formó una comisión mediadora, en un principio aceptada por las dos partes. Fue formada por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios más numerosos de senadores, incluido el del PAN, por el rector de la UNAM y el ex director general del IPN. Estos cinco mediadores llegaron a un conjunto de propuestas como base para la negociación. El SME, por votación unánime en su asamblea, aprobó las propuestas de los mediadores. La Secretaría de Gobernación, por conducto de un subsecretario, planteó al SME reunirse pero sin la comisión mediadora ni sus propuestas. La primera propuesta
oficial de liquídense y luego hablamos
, tiene su continuidad con esta actitud.
La comisión mediadora dio por terminada su participación en el asunto. Aclaró que si una de las partes no estaba de acuerdo con los puntos señalados, no se podía mediar, y el gobierno no los había aceptado. Recordamos que uno de los miembros de la comisión es el coordinador de los senadores del PAN. Veremos lo que sucede luego de la plática inicial.
No es de ahora el problema para el gobierno. Ya en las pasadas elecciones, en julio pasado, el PAN, partido gobernante, tuvo su mayor derrota. Ya no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, pero ahora su minoría fue más marcada. Perdieron gobernadores y autoridades locales, incluídos municipios de la zona metropolitana.
Además del repudio electoral, el actual gobierno federal ha tenido muy diversas muestras de oposición. Ha habido declaraciones oficiales que son rechazadas incluso por agrupaciones patronales. No digamos las reacciones contra los aumentos en impuestos y precios de energéticos.
En este caso de los impuestos se ve muy clara la colaboración PRI–PAN, en su aprobación en las cámaras. Pero al mismo tiempo el PAN aparece como el culpable y se quiere cuidar la imagen del PRI. Luego que el PAN le cede posiciones, además de las que ganó en la elección, el PRI se siente ya en el trono. No cuida su imagen política, y cada vez más gente se da cuenta de la maniobra completa.
Mientras, van proliferando otros movimientos, que se coordinan con los mencionados. No sólo son las huelgas y otros movimientos del Sindicato Minero Metalúrgico. Son las protestas y luchas de campesinos y otros pobladores contra las compañías mineras que arrasan con los suelos para extraer, con tajo abierto, oro, plata y otros minerales. También son los cierres de carreteras y otras acciones de los que viven de los camiones de carga que recorren esas carreteras. El diesel –más caro incluso que la gasolina, cuando que era al revés–, es indispensable para mover los camiones, y cada vez cuesta más. También han subido de precio otros materiales, servicios y equipos necesarios para el transporte.
Los que viven del campo y de sus alimentos también se movilizan cada vez más. Son carísimos los fertilizantes, la electricidad para mover las bombas para el riego... y el diesel para los tractores y camiones.
Estudiantes y aspirantes a serlo, académicos y trabajadores universitarios, politécnicos y de la enseñanza en general, se ven afectados por las limitaciones al presupuesto de la educación. De ahí que hayamos visto a contingentes de éstos y otros orígenes en las recientes movilizaciones.
Muchos otros se empiezan a movilizar o lo han hecho. Varios ven la agresión al SME como un futuro ataque a ellos mismos. Telefonistas, los mismos mineros, trabajadores de diferentes empresas, también han participado.
Esta es la situación. Un gobierno incapaz del trato político y del enfoque adecuado a los problemas cada vez mayores, y al mismo tiempo un creciente movimiento de quienes reclaman solución o, por lo menos, subsistencia.
