A la sombra de Copenhague y más allá de Cantarell

Transición energética en México

Los resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP) realizada hace unas semanas en Copenhague resultaron, para muchos, magros y preocupantes.

El que sólo se haya logrado un compromiso sobre el límite del incremento de la temperatura de la atmósfera a dos grados sin una definición, con carácter vinculante, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es un resultado por debajo de las expectativas en este paso dentro de un complejo y largo proceso de negociación.

En esa perspectiva, la propuesta que puso México sobre la mesa en esas negociaciones de comprometer una reducción de 30 por ciento de sus emisiones para el 2020, condicionada a disponer de apoyo económico para llevarla a cabo, fue importante pero no sirvió para mover a otros actores con mayor peso a comprometerse con el mismo nivel y bajo las mismas condiciones de reducciones medibles y verificables.

Acciones urgentes. No obstante del resultado final sin compromisos de reducciones y sin el apoyo internacional que los apoyen, México se va a ver obligado a la acción relativamente inmediata no sólo porque la siguiente COP se desarrollará en la Ciudad de México, sino porque su condición de país petrolero exportador, con alta dependencia en los combustibles fósiles en su economía, se deteriora rápidamente: en muy pocos años, quizá al final del actual sexenio y debido a la acelerada caída de la producción en el campo de Cantarell, México va a ser deficitario en energía primaria.

En otras palabras, el resultado de Copenhague no es el que determinará el futuro energético de México, sino el hecho de que estamos ya demasiado cerca del momento en que dejaremos de tener petróleo para exportar (y cubrir los déficit presupuestarios) y no vamos a poder satisfacer plenamente las necesidades internas que hoy se cubren con lo que el país extrae del subsuelo en forma de hidrocarburos líquidos.

Esta situación, inminente e inevitable, únicamente podrá resolverse de dos maneras: importando esa energía primaria (y a crecientes precios internacionales) o mediante una producción sustituta de origen local, que nunca será más barata que la actual, por lo que dentro de muy poco vamos a tener que pagar más por la energía (ya sea directamente en la factura o por meido de los impuestos que se cobran a algunos para que se cubran los subsidios de otros). Esto se va a reflejar, principalmente, en los costos de los energéticos para transporte, la generación de electricidad y el calentamiento de agua.

En este sentido, un posible escenario es que el gobierno, a un costo cada vez más oneroso para toda la economía, siga subsidiando los energéticos como lo ha hecho por décadas y, en la última década, con los dineros obtenidos de la exportación de petróleo. Además de ser sumamente improbable, este escenario sería una solución suicida para una economía y un sistema fiscal que ya no pueden sostener una carga de este tipo, que puede llegar a ser de varios cientos de miles de millones de pesos.

Modificación de los subsidios. Más bien, lo que se perfila (y se requiere) es que estos subsidios desaparezcan en la forma actual. En su caso, los apoyos que el Estado mexicano debe dar a las familias más necesitadas tendrán que ser manejados de manera más focalizada y fuera de los mecanismos de la facturación energética.

Así, por ejemplo, además de los apoyos económicos directos a las familias, los subsidios podrían canalizarse vía sistemas de transporte público y/o en financiamiento a tasas bajas o nulas para el cambio de equipos que usan energía en el hogar.

Con esto, la rentabilidad de las alternativas al petróleo –como son los equipos y sistemas que utilizan energía renovable y el ahorro y uso eficiente de la energía– va a ser significativamente mayor. Y sus costos medidos en unidades energéticas serán menores; en el suministro, menores a los que se obtienen por combustibles fósiles o, en el caso del ahorro y uso eficiente de la energía, sus costos de amortización por unidades energéticas ahorradas, menores a las de las unidades energéticas compradas.

Energías alternativas. Así y como ejemplos de una gran variedad de alternativas, el calentar el agua con energía solar –que ya es rentable en las condiciones actuales– será aún más atractivo; el generar electricidad con viento resultará más barato que con plantas de ciclo combinado a gas natural, y aislar térmicamente las casas en regiones de clima cálido se pagará con los ahorros en menos de dos años.

Por supuesto, todas estas alternativas serán más atractivas por estar basadas en tecnologías maduras y ya probadas exitosamente durante muchos años, inclusive en nuestro propio país.

En otras palabras, no solamente por nuestro compromiso como país para combatir el cambio climático, sino también para poder responder a los retos que nos significa la caída de la producción petrolera, México debe aceptar que su modelo energético tiene que cambiar mucho y muy pronto; que tenemos que dejar de pensar que todas las soluciones tienen que pasar por el gobierno; o que las necesidades energéticas se tienen que resolver con derivados del petróleo; que las soluciones sólo son posibles con esquemas centralizados de grandes plantas de generación, o que podemos seguir resolviendo el problema de la movilidad invirtiendo en segundos pisos para autos.

La transformación que se necesita traerá consigo inversiones y actividad económica: lo que ahora extraemos del suelo lo sustituiremos (ya sea evitando su uso o aprovechando otras fuentes de energía) con materiales que habrá que producir, transformar y transportar; equipos que se tendrán que ensamblar e integrar, y sistemas que habrá que diseñar, construir y operar.

En síntesis, además de quitarnos la dependencia del petróleo y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la transformación del actual modelo energético traerá consigo nuevos empleos, tan necesarios en nuestro país.

Energía, Tecnología y Educación, SC (Ente) [email protected]

Posición de méxico, clave para negociaciones del cambio climático: Alejandro Nadal

• Mercados de carbono, instrumento perverso que impulsan poderosos

Lourdes Edith Rudiño

Las próximas negociaciones internacionales sobre cambio climático se perfilan con dos opciones totalmente contrapuestas, y México, al ser anfitrión de la Conferencia de las Partes 16 (COP 16), habrá de jugar un papel crítico. Así lo vislumbra Alejandro Nadal, investigador de El Colegio de México, quien escribió en las semanas recientes un conjunto de artículos profundos en La Jornada alrededor de la Cumbre de Copenhague, lugar donde, dice, un puñado de países poderosos secuestraron este importantísimo debate global.

Los escenarios que prevé Nadal son: uno, el más viable y pesimista, que en los próximos meses o años –no se sabe pues después del acuerdo anodino de Copenhague quedó una gran incertidumbre– se establezca el mercado de bonos de carbono como mecanismo central para la solución al problema del cambio climático, y ello resulta perverso pues “premia a los que contaminan”, desestimula en las industrias contaminantes la inversión en tecnologías limpias, provoca especulación y, según la experiencia de la Unión Europea, no propicia en lo absoluto una reducción en los gases de efecto invernadero (GEI).

Y el escenario alternativo, el ideal, sería que México ejerciera una diplomacia eficiente y asumiera una posición de liderazgo previo y durante la COP 16, estableciendo una visión independiente del interés petrolero y energético de Estados Unidos –que pretende el uso de combustibles fósiles eternamente– y generando una alianza política de primer nivel con los países (incluido el Grupo de los 77, que sería fuerte respaldo) y las organizaciones civiles de todo el mundo “que están reclamando a gritos una posición real frente al problema del cambio climático”.

México tendría así que generar un documento de negociación alternativo a las propuestas de los países ricos, con la participación de científicos, técnicos y sociedad civil internacional, donde se sustente la necesidad de que el mundo baje del actual nivel de 390 partes por millón de CO2 a 350 partes en el año 2050, en el cual se estabilizaría el aumento de la temperatura a uno o 1.5 grados centígrados.

Ello, no obstante que el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha definido la meta de 450 partes por millón de bióxido de carbono, la cual está ligada a un aumento de temperatura de dos o 2.5 grados centígrados.

La razón es que ya con dos o 2.5 grados centígrados son previsibles las catástrofes para África y Oceanía (sequías, huracanes, muertes humanas) y para países como Bolivia, donde se esperaría el derretimiento de glaciares y por tanto la pérdida de fuentes de agua para muchas comunidades, y también son previsibles el descongelamiento de capas de subsuelo en Alaska y en Siberia (lo cual liberaría gran cantidad de carbono y propiciaría mayores incrementos de temperatura global), más sequías en el Amazonas e incendios que arrasarían bosques.

De acuerdo con Nadal, las posibilidades de que los países poderosos consoliden el mercado de bonos de carbono como elemento central contra el cambio climático son muchas y si eso ocurre, “ya nos amolamos”.

Recordó que este mercado surgió en el Protocolo de Kioto (PK), pero como algo subsidiario. En el Anexo 1 del PK hay una serie de países desarrollados que adquirieron la obligación de reducir sus emisiones de GEI en un promedio de cinco por ciento entre 1990 y 2012, “lo cual resulta positivo” y para cumplir esa meta tales países pactaron recurrir a mecanismos flexibles, como los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y los mercados de carbono.

Estos mercados de carbono funcionan estableciendo un límite de emisiones permitidas para diversas unidades (industrias, ramas, instalaciones en una región) y a cada una se le asigna una cuota de emisiones; aquella parte de la cuota que no agote la unidad, puede ser vendida a otra unidad o empresa que exceda su cuota permitida. Aparentemente el interés de estos mercados es crear incentivos para quienes tengan tecnologías más limpias y castigos para los de tecnologías menos limpias.

Pero la realidad es otra, dice el entrevistado. Hay muchas imperfecciones y perversiones. Las mencionadas unidades son agentes contaminantes de muy diferente naturaleza (industrias muy intensivas en uso de combustibles fósiles, como la eléctrica; o muy cercanas a la base de recursos naturales, como las de aluminio, pulpa y papel y siderúrgica; o de bienes de capital, o automotriz, todas ellas con horizontes muy diversos para la amortización de inversiones y con interdependencias industriales muy distintas) y por tanto no es lo mismo una reducción de GEI en una industria que de rutina tenía que hacer inversiones en mantenimiento a otra donde una inversión en tecnología tiene repercusión interindustrial y permite pensar en reducciones de GEI mucho más pronunciadas en los años posteriores por los efectos multiplicadores sobre otras industrias.

La principal experiencia de mercado de carbono está en la Unión Europea (UE), aunque también la hay en Chicago y Nueva York, “y se está buscando afianzar, ramificar estos mercados”. El de la UE concluyó su primera fase con resultados negativos. Se dieron cuotas permitidas a muchas industrias y en niveles tan elevados que los sobrantes fueron muy grandes y se desplomaron estrepitosamente los precios de la tonelada de bióxido de carbono. Hay una corrección en la segunda etapa pero las industrias ponen mucha resistencia y presión política para evitar que les reduzcan sus cuotas permitidas, y entonces esto pospone el funcionamiento del mecanismo.

Y “un grandísimo problema” es que las cuotas iniciales fueron regaladas, en lugar de haberse subastado. “Se debió haber dicho: ‘usted tiene una empresa de química pesada y genera tantas toneladas de bióxido de carbono, pues ahora va a tener que pagar el derecho a seguir contaminando’. Lo que se hizo fue decir ‘tú emites cien toneladas de CO₂, te voy a dar una cuota de 120 para que puedas seguir contaminando y además vender 20 toneladas’. Se ha generado así incentivos de especulación y que permiten a las industrias quedarse estancados en su tecnología.

”La prueba de que este mercado no es adecuado es que no ha bajaron las emisiones de carbono durante la primera etapa del esquema de la UE”.

El mercado de carbono se distorsionó. Originalmente era un mecanismo flexible del PK y ahora se le plantea como el corazón en la estrategia frente al cambio climático. “Me temo que cualquier tratado nuevo lo va a tener como punto central”. Y hemos llegado a este punto porque están cristalizando los mecanismos financieros que funcionan alrededor del mercado europeo, con cantidades de dinero muy fuertes y muchos intereses. Los bonos de carbono se convierten en títulos financieros y empiezan a tener vida propia con derivados y otros instrumentos que entran a la especulación. “El asunto desemboca en especulación pura. Se tenía un problema de calentamiento global y ahora se convierte en un negocio de rentabilidad y privatización”.

Respecto de la posibilidad ideal de que México asuma el interés de los pueblos excluidos del debate sobre el cambio climático, Alejandro Nadal considera que nuestro país debe olvidarse de la posición que ha asumido de que “vamos a reducir nuestras emisiones GEI pero lo condicionamos a recibir financiamiento multilateral”.

Ésa, señala el académico, “es una posición equivocada –y demuestra nulo liderazgo y actitud de país débil, secundón– porque la población de México está expuesta a una gran vulnerabilidad por el cambio climático, sobre todo quienes viven en las costas y quienes viven de la agricultura. Lo que debemos hacer es reorganizar nuestra economía nacional para generar recursos y enfrentar el problema. El costo de la adaptación lo tenemos que enfrentar nosotros (...) y adoptar una política agrícola, donde trabajemos muy bien con los pequeños productores, a los que hay que fortalecer y apoyar porque allí va a estar la clave de la adaptación del país al cambio climático”.

Con esta posición, México tendría la autoridad moral para demandar a la comunidad internacional que asuma responsabilidades y no simples acuerdos vacuos como el de Copenhague.

El papel de los bosques en amortiguar el exceso de GEI

Juan Manuel Torres Rojo

El cambio climático es una afectación atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante largos períodos de tiempo. Esta afectación se atribuye en mayor medida a la creciente emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que aumentan la capacidad de retención de radiación solar de la atmósfera. Sin ellos, el mundo sería un lugar frío con condiciones poco favorables para la vida. Sin embargo, cuando el volumen de estos gases es considerablemente más alto que el nivel natural y crece de manera continua, provocan un efecto de invernadero que origina una elevación artificial de las temperaturas acompañada de un cambio en el régimen de precipitación pluvial.

En este contexto, los bosques juegan un papel primordial en la mitigación del cambio climático, pero a su vez son ecosistemas muy vulnerables al fenómeno. Algunos de ellos presentan un alto riesgo de extinción. La acción de mitigación de estos ecosistemas sigue dos vías: la conservación de inventarios de carbono y la captura del mismo. La primera vía considera que los bosques (templados, tropicales y de regiones áridas y semiáridas) contribuyen positivamente, en mayor o menor medida, a lograr un balance global de carbono, dado que mantienen altas reservas de este elemento tanto en su biomasa como en el suelo donde se sustentan; de aquí que el mantener estas reservas con actividades que reduzcan la deforestación y la degradación de bosques, mediante la protección, restauración o la conservación de su salud y biodiversidad, debe ser una alta prioridad en la estrategia en contra del cambio climático.

La segunda vía considera que estos ecosistemas, sobre todos aquellos en edad o estadios inmaduros, capturan grandes volúmenes de carbono de la atmósfera por medio del proceso fotosintético. Esto implica que el fomento de actividades que amplíen la cobertura forestal o incrementen el inventario de arbolado existente en las zonas forestales contribuirá a capturar más carbono de la atmósfera. Así, las actividades de reforestación, de establecimiento de plantaciones forestales comerciales y de manejo forestal sustentable en bosques naturales son estrategias basadas en la actividad forestal que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Tales estrategias de mitigación y adaptación por ambas vías requieren que la estructura de gobierno de los bosques y el diseño institucional permitan la aplicación de los diferentes instrumentos de política pública, con incentivos, financiamiento, construcción de capacidades y reducción de riesgos de inversión, con la participación de todos los agentes involucrados en el manejo forestal.

ProArbol. A partir de la presente administración, el gobierno federal ha aumentado notablemente el presupuesto para fortalecer cada uno de los elementos que permitan desarrollar una estrategia forestal para enfrentar el cambio climático. Una de ellas, quizá la más importante, es el programa ProArbol. Este programa cumple con un objetivo dual, ya que por un lado pretende mejorar el bienestar de los pobladores de las áreas forestales, usualmente los de mayor nivel de marginación en el país, y por otro, fomenta la calidad y cantidad de los bosques del país. Bajo esta óptica, el programa destina recursos a estrategias de conservación novedosas como el Pago por Servicios Ambientales, mecanismo mediante el cual se retribuye económicamente a los dueños y poseedores de áreas forestales con alto riesgo de cambio de uso del suelo, el costo de obligarse a conservar tales áreas. México es líder en este tipo de estrategias de conservación, que intentan desarrollar un mercado de servicios ambientales de cara a las acciones propuestas a escala internacional para mitigar el cambio climático. De igual forma, ProArbol impulsa otras estrategias de conservación no tradicionales, como la certificación forestal, el fomento del manejo forestal sustentable, la construcción de capacidades en los dueños y poseedores de los bosques, la integración de cadenas productivas, el fomento de la competitividad de los productos maderables y no maderables, así como otras estrategias para abatir degradación y cambio de uso del suelo. Como estrategias de restauración y promoción de actividades productivas en torno al cambio climático, ProArbol tiene un componente de reforestación y otro de establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Todos estos componentes del ProArbol han contribuido a que el país sea reconocido como líder en la aplicación de diferentes estrategias forestales contra el cambio climático, no sólo por la diversidad de instrumentos de política pública, sino por la diversidad de condiciones ambientales y socioeconómicas donde se han aplicado dichos instrumentos.

Director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)

Silvicultura comunitaria y cambio climático Francisco Chapela Los bosques de México están en el centro de los dilemas de diseño institucional que debe enfrentar el país para encarar sus compromisos frente al cambio climático. Para reducir en 30 por ciento las emisiones netas en los próximos diez años, deberá detenerse la deforestación y la degradación forestal y deberán fortalecerse las economías regionales. Con esto, se reducirán las emisiones por la eliminación de árboles, se capturará carbono atmosférico al aumentar la biomasa forestal y se reducirán las emisiones por transporte de personas y mercancías. El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC) estima que 30 por ciento de las reducciones de emisiones de México pueden provenir de reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y de recuperar áreas forestales. ¿Cuáles deben ser los incentivos y entramados institucionales que se requerirán para lograr los objetivos de México en este desafío? Incentivos para la industrialización. México empleó durante buena parte del siglo XX un enfoque industrial para el aprovechamiento forestal. Mediante esquemas de inversión privada o público-privada, se desarrollaron grandes proyectos de aprovechamiento forestal en bosques concesionados por el gobierno a empresas con capital suficiente para esa escala de operaciones. El incentivo principal era el poder hacer un negocio más o menos redituable. El horizonte de tiempo lo establecía el gobierno al fijar el período de la concesión, es decir, 20 a 30 años. En este esquema no cabe el promover que los bosques perduren, pues no es éste un objetivo de la empresa ni es algo compatible con los plazos de las concesiones. Como resultado, se estima que entre 1955 y 1985 la superficie de bosques templados en el país pasó de 49 a 38.5 millones de hectáreas y la de selvas de 41 a 37.5 millones. El entramado institucional de la época hizo perder al país cada año un promedio de 350 mil hectáreas de bosques templados y 117 mil hectáreas de selvas. Esta política también degradó los bosques. Una evaluación económica de los bosques de las comunidades oaxaqueñas de La Trinidad, Xiacuí, Capulalpam y Comaltepec mostró que al inicio de la concesión industrial valían 172.6 millones de pesos de 1975. En 1975, al terminar el período de concesión, esos mismos bosques sólo valían 149.3 millones de pesos de 1975. Las comunidades sufrieron una pérdida de más de 1.2 millones de pesos anuales durante la concesión. Incentivos para la perduración. En los 80s, en México se dio una innovación importante. Se constituyeron unidades de manejo forestal cuyo interés primario no era la generación de ganancias, sino desarrollo y bienestar social. Estas unidades de manejo, que eran propiedad de grupos rurales, iniciaron la “silvicultura comunitaria”. A semejanza de otras empresas, deberían competir en los mercados para lograr los ingresos necesarios a fin de tener viabilidad económica. Pero el carácter “comunitario” de estas empresas las hace tener dos diferencias fundamentales: (1) deben orientar sus ganancias no a la mera acumulación, sino a la generación de bienestar y desarrollo social, pues para eso se constituyen, y (2) al estar formadas por miembros de la comunidad local y ser parte de ella, las empresas de silvicultura comunitaria están obligadas a promover la permanencia de las empresas mismas y de su base de recursos: los bosques naturales, con su diversidad biológica y de recursos asociados. Esto crea un esquema de incentivos, en el que la permanencia de la empresa forestal y de su base de recursos son elementos centrales. En la actualidad existen cerca de 500 comunidades en todo el país que manejan alrededor de tres millones de hectáreas de bosques y selvas con programa de manejo forestal y cerca de un millón de hectáreas con buen manejo certificado. La silvicultura comunitaria hace que México tenga una posición muy importante, tanto por la extensión del esquema, que puede abarcar más de 60 por ciento de los bosques y las selvas del país, como por la particularidad de que aquí se reconoce por ley el derecho de las comunidades locales a manejar y cosechar los productos forestales. Estas características convierten a nuestro país en líder mundial en innovación en el manejo forestal, únicamente comparable con muy pocas naciones, como son Papúa Nueva Guinea o Bolivia. De acuerdo con nuestros análisis preliminares de la información sobre cubierta vegetal publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la expansión de la silvicultura comunitaria y su esquema de incentivos a zonas amplias del país está contribuyendo a reducir sustancialmente la tasa de deforestación en las zonas en donde se ha puesto en práctica este enfoque. Así como el esquema industrial generó incentivos para la deforestación y la degradación forestal, la silvicultura comunitaria está generando un esquema de incentivos que está deteniendo la deforestación y puede revertir la degradación y la pérdida de competitividad del sector forestal, poniendo bajo resguardo efectivo la mayor parte de los ecosistemas forestales de México, ricos en diversidad biológica. Ante los retos y compromisos que plantea el cambio climático, México debe resolver un dilema de diseño institucional. Por un lado, puede optar por fortalecer los sistemas de silvicultura comunitaria, generando el esquema de incentivos que ya está deteniendo la deforestación y la degradación y es capaz de contribuir a fortalecer las economías regionales. Por el otro, podría optar por una política coercitiva que lanzara a la ilegalidad a las actividades comunitarias de aprovechamiento forestal y privilegiara al mismo tiempo la participación de los grandes capitales. La experiencia de mediados del siglo XX fue que la apuesta por atraer de manera privilegiada grandes capitales produjo deforestación y degradación. La experiencia de fines del siglo XX y principios del XXI sugiere que la silvicultura comunitaria es capaz de detener la deforestación y la degradación forestal. Esperamos que la elección que hagamos como país sea esta vez sensata. Director ejecutivo de Estudios Rurales y Asesoría, AC [email protected]

Reducir emisiones por deforestación y degradación

Iván Zúñiga

A pesar del gran fracaso de la Cumbre de Copenhague para detener el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, en las negociaciones destacó el acuerdo unánime para iniciar cuanto antes esfuerzos para Reducir las Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques del planeta (REDD), ya que este fenómeno es responsable de 20 por ciento de las emisiones globales anuales y el mecanismo REDD es la opción más barata de mitigación con grandes beneficios adicionales hacia la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas terrestres.

Dado que la mayor parte de la deforestación y degradación de los bosques sucede en los países en desarrollo, la creación de un esquema REDD como un sistema internacional de compensación dirigido a los dueños de las áreas forestales en esos países constituye una importante iniciativa para promover un manejo forestal sustentable a escala global que podría financiarse con montos de entre 12 mil y 30 mil millones de dólares al año. Tan sólo para México, la inversión incremental requerida para REDD durante las siguientes décadas podría acercarse a los mil cuatro millones de dólares.

¿Qué pasa en los bosques mexicanos? Más allá del estado de las negociaciones para el establecimiento de un mecanismo REDD internacional, para México es fundamental la generación de un esquema que revierta las causas de la deforestación y la degradación de los bosques.

Investigaciones nacionales e internacionales han demostrado que en México la deforestación y degradación de los bosques son resultado de un proceso multifactorial influido fuertemente por la política económica gubernamental hacia el desarrollo rural, en combinación con la falta de apoyos para el fortalecimiento del manejo forestal sustentable para que las personas puedan vivir de sus bosques sin comprometer la estabilidad de los ecosistemas. Esto desmiente los señalamientos comunes de que la tala ilegal y la pobreza son las principales causas del daño.

Por ello, un programa REDD para México basado en el manejo forestal sustentable por parte de los ejidos y las comunidades indígenas abre la oportunidad de dar un giro a la estrategia de combate a la deforestación y la degradación, toda vez que esta actividad tiene el mayor potencial para la reducción de emisiones a costos negativos o relativamente bajos al lograr la valorización económica del bosque, y por lo tanto, su conservación.

REDD Plus para México. Para lograr un esquema REDD en México es necesario ir más allá de los esquemas simplistas que acostumbran adoptar los programas gubernamentales y considerar los enfoques llamados REDD Plus que promueven un manejo integral del territorio incluyendo la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo.

Necesitamos un REDD Plus que considere la disminución de emisiones, la conservación de los inventarios forestales, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del capital social por medio de una serie de acciones dirigidas al manejo sustentable de los bosques.

En estos momentos la discusión sobre las condiciones para implementar un REDD Plus es fundamental para el futuro de los bosques y las emisiones, pero sobre todo para los 13 millones de personas que habitan y dependen directamente de los bosques, ya que existe un serio riesgo de incurrir en un esquema enfocado sólo a la mitigación de emisiones por la vía de limitar el manejo del bosque. Un esquema que no permita los aprovechamientos puede actuar en detrimento de los servicios y productos forestales que requiere la sociedad y que sustentan la conservación en el largo plazo. También hay el riesgo de que se generen programas asistencialistas que produzcan retrocesos en el desarrollo del manejo sustentable.

El esquema REDD Plus mexicano debe considerar al manejo sustentable de los bosques naturales como el mecanismo básico para detener la deforestación y conseguir mejores tasas de captura neta de carbono, pero también como mecanismo para generar beneficios adicionales en términos sociales y económicos para amplias regiones rurales del país que logren el reforzamiento de los derechos de propiedad sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y debe incluir instrumentos transparentes para la definición, gestión y evaluación del programa.

Es por esto que la implementación de un REDD Plus representa una gran oportunidad para apuntalar otros aspectos de la agenda del sector forestal nacional, como el fortalecimiento del marco institucional a nivel regional y la incorporación de una visión económica y social en la lucha contra la deforestación, mejorando las capacidades de la política forestal para lograr la conservación de los bosques sin eliminar la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país.

Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) [email protected]

Urgen cambios en la agricultura: Víctor M. Villalobos FOTO: Sagarpa

Deberá reorientarse 50% de la superficie de granos: Villalobos

Considera ndo que México será uno de los diez países donde el calentamiento global afectará más gravemente en disponibilidad de agua y agricultura, debemos comenzar ya, de inmediato y en forma drástica, a modificar las prácticas productivas, pues “estamos hablando de que un 50 por ciento de los 20 millones de hectáreas dedicados hoy a granos tendrán que reorientarse hacia cultivos que requieran menos agua”.

Víctor Manuel Villalobos, quien fungió hasta el 31 de diciembre como coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y el uno de enero asumió la dirección general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA, con sede en San José, Costa Rica), hizo esta advertencia y afirmó: “tendremos que dejar de sembrar maíces donde hay menos posibilidades de éxito, donde cada vez será más difícil predecir los periodos de lluvias, pues dado que las precipitaciones pluviales se concentrarán en menos tiempo, no habrá garantía de cosecha”. El Bajío y los valles altos de México serán los más afectados. “Posiblemente tendremos que movernos hacia donde tengamos más seguridad del agua, como el sur del país, aunque allí vamos a enfrentarnos a otros problemas, enfermedades y toxicidad de aluminio y acidez en los suelos y no tenemos muchas variedades de maíz para esas condiciones”.

Señaló que los ajustes deben hacerse lo más pronto posible, pues en 15 años las condiciones de producción del país serán totalmente diferentes. “Ya sabemos lo que puede pasar, cuáles son las expectativas; entonces hay que actuar ahora; no ser reactivos como nos ha pasado en otras ocasiones. Debemos alentar la investigación; generar una capacidad nacional fuerte para hacer mejoras genéticas de nuestros materiales; culturizar hacia nuevas formas de manejo de suelos y riego, e implementar nuevas prácticas agrícolas más sustentables, como la incorporación de materia orgánica para retener humedad en los suelos. Debemos revisar nuestros cuadros técnicos y programas científicos y fortalecerlos, y para ello se requieren decisiones políticas importantes y un aporte de recursos que no sea limitado”.

En este marco, dijo, los recursos naturales genéticos cobran gran importancia –y así lo están viendo países como Turquía, que están en la misma franja que México y enfrentarán problemas agrícolas similares–, pues hay especies y genes en los bancos de germoplasma del mundo que confieren habilidades a las plantas para tolerar el estrés hídrico.

“Existen estudios en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para un transgénico tolerante a estrés hídrico en el caso del trigo y en Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) del Politécnico se ha venido trabajando durante algunos años en tolerancia a estrés hídrico en maíz. Estas investigaciones van a dar resultados en tres o cuatro años, de tal forma que son compatibles con las expectativas. Si bien no serán la única solución, tendremos una oferta de nuevas variedades acorde con los tiempos que enfrentaremos en 15 años”.

De acuerdo con el funcionario –quien ha sido caracterizado por organizaciones ambientalistas como promotor de los transgénicos– es evidente que las grandes corporaciones desarrolladoras de transgénicos van mucho más rápido que las instituciones científicas internacionales o nacionales. Por eso debe fortalecerse la capacidad nacional para las mejoras genéticas. “Tendríamos que anteponer nuestras necesidades, nuestros maíces y no permitir que nos traigan híbridos de la franja maicera de Estados Unidos a tratar de adaptarlos acá (...) Además, qué pasa con el frijol, los chiles y otras especies que no resultan de interés económico para las grandes empresas. Tenemos que hacerlo nosotros (la investigación) y si al final nosotros vamos a querer reemplazar por ejemplo las áreas destinadas al maíz donde ya no va a haber tanta agua, saber cuáles son los materiales que vamos a poner y dónde están y cuándo se van a preparar. Y creo que ya estamos tarde en ese proceso”.

(Lourdes E. Rudiño)