l pasado jueves, el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Mario Delgado, informó que para este año la administración citadina dejará de entregar el subsidio de 200 pesos anuales que otorgaba a los 550 mil beneficiarios del programa de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), si bien la ayuda había dejado de entregarse desde finales del año pasado en algunos puntos de esta capital.

De acuerdo con el funcionario, la decisión de eliminar este subsidio obedece a que el programa referido beneficiaba a muy poca gente y a la necesidad de trasladar ese recurso –que en 2009 ascendió a unos 130 millones de pesos– hacia otras políticas sociales de la administración local, como los comedores populares.

El hecho es que con el anuncio se pone fin a una medida adoptada hace casi nueve años por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la decisión tomada por la administración federal foxista de incrementar el precio del lácteo de 3.50 a 4.50 pesos por litro. Esta decisión permitió a decenas de miles de capitalinos pobres tener acceso a ese producto básico.

Sin soslayar la complicada situación que atraviesan actualmente las finanzas públicas tanto federales como capitalinas, es obligado señalar que el retiro de este apoyo a los beneficiarios de Liconsa en la capital ocurre en el contexto menos propicio: una crisis económica que la administración calderonista ha dado por concluida, pero que continúa haciendo estragos en los bolsillos de la mayoría de la población; los recientes incrementos en los precios de las gasolinas, el diesel y las tarifas eléctricas, aplicados y defendidos por el gobierno federal, y agravado por las consecuentes alzas en los productos básicos y servicios en todo el territorio nacional.

En el caso de la capital, la situación se agrava con los aumentos en tarifas y servicios públicos avalados por la administración local. Aunque algunos de ellos han sido revertidos como un gesto de apoyo a la economía de la población –tal es el caso del incremento en los costos de las licencias de conducir y los trámites en el Registro Civil, las delegaciones y la Tesorería–, otras persisten, como ocurre con el alza de un peso a la tarifa del Metro.

Es claro que, en la circunstancia descrita, el retiro de cualquier ayuda gubernamental, por pequeña que pueda parecer, representa una carga adicional para la de por sí castigada economía popular, posterga la recuperación del poder adquisitivo y profundiza, en suma, el deterioro de la calidad de vida de la población.

No puede escapar a la reflexión el hecho de que la decisión del gobierno capitalino de reorientar algunas franjas de su presupuesto tiene como componente indiscernible una ofensiva desatada, desde tiempos del foxismo, en contra de la capital del país y sus habitantes, que ha adoptado la forma de recortes presupuestales para la administración local. Mediante esas medidas no sólo se busca asfixiar financieramente al GDF, sino también provocar el descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar tarifas y gravámenes ya existentes o, como en este caso, a retirar ayudas necesarias para los sectores más desprotegidos de la población.

Pese a lo anterior, es deseable y necesario que el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard reconsidere esta medida que afecta a un número importante de capitalinos, pertenecientes a los sectores más necesitados; que reconozca la procedencia de preservar la mayor cantidad posible de apoyos otorgados a la población de esta ciudad, y contribuya con ello a reforzar el carácter social de la administración capitalina como un punto de referencia y de distingo a escala nacional ante los gobiernos tricolores y blanquiazules.