La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla Pacheco durante la llamada guerra sucia, en la década de los 70 del siglo pasado.

Los legisladores enviaron al funcionario una solicitud para que remita un informe sobre la situación que guarda el asunto que involucraría a efectivos del Ejército.

El pasado 23 de noviembre, la CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Radilla Pacheco, denunciando a su vez la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, por lo que ordenó al gobierno federal continuar la búsqueda del líder social de Atoyac de Álvarez.

El organismo internacional conminó a las autoridades a reconocer el contexto histórico mexicano donde ocurrió la desaparición forzada del guerrerense, la violación al debido proceso y el acceso a la justicia de éste y de sus familiares.

Asimismo, evidenció la “incompatibilidad de la aplicación de la justicia militar –en caso de graves violaciones a los derechos humanos– con los estándares internacionales, la falta de adecuación de la legislación interna a la definición mundial de desaparición forzada y las reparaciones a las víctimas”.

De tal forma, la Comisión Permanente concluyó que las garantías individuales en México son un conjunto de facultades e instituciones que en todo momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas.

Por tanto, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los derechos humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que correspondan.

Al considerar que la Corte es un instrumento regional de protección y difusión de derechos humanos, la Comisión Permanente concluyó: se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009, relativa al caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la CIDH.