Cuernavaca, Mor., 14 de enero. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos prometieron apoyos económicos y reposición de bienes a una persona herida y a los familiares de uno de los dos civiles muertos durante los operativos efectuados por la Secretaría de Marina contra el cártel de los Beltrán Leyva en los fraccionamientos Limoneros y Altitude, en Cuernavaca.

Othón Sánchez Vela, presidente de la mesa directiva del Congreso, informó que el gobernador Marco Antonio Adame Castillo aceptó que los diputados ofrecieran una camioneta, una tortilladora y 72 mil pesos a Andrea Martínez Jaimes (viuda de Ignacio Aguiar Rodríguez) y becas escolares a sus cuatro hijos, así como 12 mil pesos para curaciones, hospitalización y reparación de un vehículo a Francisca Paz Pallares, quien resultó herida.

Los familiares de Patricia Terroba Pintado, quien falleció en uno de los operativos de los marinos los días 11 y 16 de diciembre, no acudieron a la reunión en la cual se acordaron estos apoyos y no se ha aclarado de qué manera se les compensará por la pérdida de su pariente.

Horas antes, sin embargo, Adame Castillo envió al Congreso local el oficio 0014/2010, en el que rechazaba crear un fondo para indemnizar al herido y a los familiares de los dos civiles muertos porque, dijo a los diputados, fueron funcionarios federales los que realizaron esas acciones y no existió una participación activa y directa de las autoridades estatales.

A la petición legislativa de que el gobernador informe del avance de las investigaciones sobre el asesinato del subprocurador contra la Delincuencia Organizada Andrés Dimitriadis, y de la presunta relación del crimen organizado con los ex secretarios de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y de Cuernavaca, Francisco Sánchez González, recluidos en el penal de Tepic, Nayarit, respondió que la Procuraduría General de la República lleva esos casos.

Sánchez Vela repuso: Hay maneras legales de evadir la posible responsabilidad del Ejecutivo estatal, pero la fracción 14 del artículo 70 de la Constitución estatal dice que son obligaciones del gobernador impedir los abusos de las fuerzas armadas contra civiles y velar por la seguridad de los habitantes del estado.

Este viernes habrá una sesión extraordinaria para solicitar a la PGR y a la Secretaría de Defensa Nacional que informen sobre los operativos en el estado y si se investiga a funcionarios locales.