Senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 2010 con el fin de regresar el precio del gas, las gasolinas y el diesel al nivel que tenían antes del 15 de diciembre, y fijar topes para evitar que esos combustibles vuelvan a encarecerse.

“Por razones de interés público, se determina en 8.03 pesos por kilogramo –más IVA– el precio máximo al usuario final del gas licuado del petróleo”, propone la iniciativa, además de fijar como precio de la gasolina Magna 7.72 pesos por litro; el de la Premium, 9.18, y el del diesel, 8.08, impuestos incluidos.

Poco antes, el coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas; el de los senadores, Carlos Navarrete, y el dirigente nacional de ese partido, Jesús Ortega, aseveraron en conferencia de prensa que las reformas aprobadas por priístas y panistas no buscaban el fortalecimiento de la economía familiar ni la creación de empleos, sino consolidar las finanzas públicas del gobierno federal.

Señalaron que si bien es facultad del Ejecutivo federal fijar los precios de esos productos, es responsabilidad del Congreso la elaboración de la Ley de Ingresos. En la exposición de motivos, la iniciativa destaca que durante los últimos días de diciembre los mexicanos recibieron con extrañeza un incremento al precio de la gasolina, de ocho centavos a la Magna y de nueve a la Premium.

Ese aumento causó descontento generalizado, no sólo porque se pretendió aprovechar el periodo vacacional para restar impacto mediático a una medida que afectó la economía social, sino porque incumple el compromiso asumido públicamente por Felipe Calderón a principios de 2009 de congelar durante todo el año pasado el precio de las gasolinas, mediante el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo.

Este compromiso, que fue ampliamente publicitado, se quebranta en el mayor sigilo. De hecho, el gobierno federal no da explicación alguna, sino hasta después de enfrentar la presión y crítica de una sociedad que, indignada, demanda explicaciones, destaca la iniciativa.

Menciona que el 30 de diciembre la Secretaría de Hacienda justificó las alzas al señalar que en México el precio de los energéticos era sensiblemente inferior al promedio internacional y que ya había sido cumplido el propósito de congelar precios.

La iniciativa apunta que Hacienda también señaló que la actividad económica y el empleo se encuentran en recuperación, que el aumento de IVA e ISR es responsabilidad del Congreso, que este incremento de impuestos era una medida responsable que evitaría imponer cargas fiscales mayores a consumidores y contribuyentes y que las críticas a la política de precios de los energéticos sólo confunden a la población.

Resulta lamentable que las familias mexicanas comiencen el año con más golpes a su economía de los que ya de por sí han soportado, como lamentable resulta que el Ejecutivo rehúya su responsabilidad con explicaciones que sólo se entienden en la comodidad del escritorio de su despacho. Argumenta que nuestra economía se encuentra en franca recuperación, aseveración que no es defendible ni en el terreno de las ideas ni en los hechos, advierte el texto.

Sostiene que la situación de cada vez más familias es precaria; el número de personas que viven en pobreza alimentaria es el mayor en la historia moderna y las políticas de escritorio no aguantan el mínimo roce con la realidad. Lo que en sus cifras y estadísticas presenta el gobierno como un país en rumbo a la bonanza es en las calles una sociedad al borde del colapso, pero eso no se le puede señalar al administrador sin ser desestimado. Para el gobierno, o se está de acuerdo con sus políticas o se es fatalista, ignorante, o se pretende confundir a la sociedad.