Veracruz, Ver., 13 de enero. El conflicto entre el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, ex secretario de Gobierno del estado y aspirante a candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, tomó hoy un nuevo giro cuando el mandatario le respondió públicamente que él no protege ni tolera “a la banda delictiva de Los Zetas”, acusación que el funcionario federal le ha venido enderezando como parte de una campaña de desprestigio.

Herrera y Yunes, otrora compañeros en el Partido Revolucionario Instirtucional, tienen una larga rivalidad que se recrudeció en meses recientes con videos, correos electrónicos y declaraciones públicas desde que el director del ISSSTE se atrincheró en el PAN de Veracruz, consiguió hacer alcalde de Boca del Río a su hijo y busca la candidatura del blanquiazul al gobierno del estado.

En Internet circulan acusaciones de ambos lados, desde aquellas que ligan al gobernador con Los Zetas hasta las que vinculan a Yunes con redes de pederastas y citan el libro Los demonios del Edén, de la periodista Lydia Cacho. Hace un par de semanas aparecieron en el puerto de Veracruz anuncios espectaculares donde se conmina a las madres de familia a que cuiden a sus hijos porque ahí viene Yunes.

Esta mañana, al término de una reunión con el Colegio de Abogados local, Jaime Téllez Marié, ex funcionario de penales y ahora defensor de familiares de internos que fueron trasladados del penal Ignacio Allende de esta ciudad a otros centros de reclusión, increpó al gobernador, quien reveló que esta medida fue decisión de la inteligencia nacional, que detectó que se fraguaba un motín que incluía el aniquilamiento de internos y personal administrativo.

Con ello intentó atajar la ola de ataques que, dice, ha recibido por la reubicación de presos –la mayoría del fuero federal– del penal Ignacio Allende, ubicado en el centro histórico de esta ciudad. Téllez Marié, quien fue secretario de Tránsito y Transporte en el gobierno de Patricio Chirinos y dirigió el Colegio de Abogados de la ciudad, respondió que él no es vocero del gobierno federal.

El gobernador detalló las razones de seguridad que obligaron a realizar el traslado el 7 y el 8 de enero y señaló que el director del ISSSTE y su hijo, alcalde panista de Boca del Río, mantienen una campaña de ataques y desprestigio que incluye la versión de que el gobernador protege a bandas del crimen organizado, “concretamente a Los Zetas”, y con esta operación, reiteró, se acaban esas dolosas versiones.

Herrera Beltrán añadió que, con 100 años de antigüedad, el penal de Allende era insostenible, no sólo porque sus instalaciones eran inapropiadas, sino por “ese pernicioso esquema de autogobierno que hacía que las bandas del crimen organizado se hubiesen apoderado de ese establecimiento, y por las constantes denuncias del director del ISSSTE y del presidente municipal de Boca del Río, de que allí operaban las bandas del crimen organizado.

“Los que estaban ahí no se salían porque no querían. No sirve la cárcel. Sus paredes se desmoronan al impulso de una mano. Pero hubo un asunto más delicado –hizo un parentesis para recordar la fuga masiva en un penal en Zacatecas y la ejecución de internos (con base en una lista) en un penal de Ciudad Juárez–: fuentes de inteligencia nos hicieron saber que el pasado sábado (9 de enero), además del motín, habría una acción que tendría por objeto seguir la campaña de desprestigio que desde un ángulo político han venido enderezándole a mi gobierno y a mi persona, como tolerante o inactivo ante la banda delictiva de Los Zetas. La reacción del gobierno federal, la (Secretaría de la) Defensa Nacional, la Marina, la Procuraduría (General de la República) y la Secretaría de Seguridad Pública (federal) permitió la colaboración de muchos de los internos que figuraban en una lista de ejecuciones para realizar el traslado en forma discreta y eficaz”.

Sin ofrecer detalles, aseguró también que hay una línea de investigación que liga a los grupos de la delincuencia organizada que operaban en ese penal con el secuestro del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano, quien desapareció el primero de junio de 2009. Así, rechazó que la razón para desocupar el viejo edificio fuera el rodaje de una película producida por el actor y director Mel Gibson.

“El gobierno federal ha recurrido al de Veracruz para usar instalaciones que habíamos construido con enorme esfuerzo, el penal Pericles Namorado Urrutia, en Perote, o el penal Corona, en Papantla, porque en la lucha contra el crimen organizado el gobierno federal prácticamente ya no tenía espacio para ubicar nuevos detenidos. Ojalá la Federación pague lo que nos debe para terminar más rápido el penal de Veracruz.

Entregamos a la Secretaría de Seguridad Pública espacios para 50 reclusos federales. Después nos requirieron 100, 200, 300, y de repente nos dijeron que requerían todos los espacios del lugar, al que el gobierno a mi cargo ya había asignado mil millones de pesos. Los entregamos con la esperanza de que de inmediato se nos retribuyeran los fondos para terminar el reclusorio Allende, aquí en La Lajilla, en los límites con el municipio de Veracruz., concluyó.