Luego de su ríspida comparecencia ante los integrantes de las comisiones de Transparencia y de Asuntos Políticos Electorales, de la Asamblea Legislativa (ALDF), el magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Miguel Covián, no sólo salió con un caudal de acusaciones de los diputados locales por presunto desvío de recursos, nepotismo, venta de plazas y pagos elevados por prestación de servicios, sino con una exigencia firme de representantes populares del PRD: que renuncie a su cargo.

La situación fue tal que luego de dejar inconclusas muchas de las preguntas de los legisladores –como la que le formuló el perredista Leonel Luna: ¿ha pensado usted en dejar al cargo de magistrado después de todas estas posibles irregularidades, después de estas acusaciones de falta de ética?–, Covián tuvo que ser prácticamente escoltado por una veintena de jóvenes identificados con Cristian Vargas, del PRI, más conocido como el dipuporro, quienes a golpes y empujones lo alejaron de las preguntas de los reporteros.

A lo largo de sus intervenciones ante los legisladores capitalinos, Miguel Covián negó cualquier anomalía de su parte, y por el contrario, acusó a los otros magistrados electorales de haber incurrido, ellos sí, en irregularidades. Incluso, dijo que algunos de ellos, junto con funcionarios de esa institución le montaron las acusaciones, y pidió a los diputados que conformaran una comisión especial que indague los hechos señalados, a lo que se sumaron el sol azteca, el PRI y Acción Nacional.