Un día después de que la Iglesia católica, con el respaldo de arzobispos y ministros ortodoxos griegos y evangélicos, desdeñó en la Catedral Metropolitana las leyes humanas que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sobrevino un alud de críticas de diputados federales, locales y líderes partidistas, quienes lamentaron ese hecho y demandaron a la Secretaría de Gobernación (SG) que ponga un alto al clero. La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa fue más allá, al solicitar la renuncia del titular de esa dependencia, Fernando Gómez Mont, por ser tapadera del sector más conservador de la Iglesia.

En contraste, el dirigente nacional del PAN, César Nava, aprobó que los ministros de culto hagan uso del púlpito para llamar a no votar por un partido político. Dijo que la época en la que se les restringía expresar su opinión solamente en el púlpito, quedó atrás.

Con la reforma al artículo 130 constitucional dejó de haber mexicanos de primera y de segunda, sostuvo el panista al ser interrogado sobre el llamado que hizo la jerarquía católica a no votar por el PRD, cuyos diputados en la ALDF legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Interrogado acerca de la participación en asuntos políticos y la condena a estas uniones por parte de la Iglesia católica, Nava dijo que México es un país de libertades y no puede censurarse que alguna persona exprese su opinión en torno de cualquier asunto. Añadió que su partido hará las gestiones necesarias para, con argumentos políticos y legales, revertir esas modificaciones.

Posturas en San Lázaro

En la Cámara de Diputados, legisladores de PRI, PRD y PT calificaron de deplorable y contraria al estado de derecho la opinión del cardenal Norberto Rivera de que toda ley que se oponga a Dios es perversa, y confirmaron que mañana la Comisión de Puntos Constitucionales votará un dictamen para definir en la Constitución que el Estado mexicano asume el principio de laicidad, al que no podrán oponerse los ministros de culto.

César Augusto Santiago, diputado del PRI, afirmó que las declaraciones del prelado constituyen una convocatoria a la rebeldía, siendo que el cardenal es un ciudadano que está obligado a respetar la Constitución y las leyes.

Jaime Cárdenas, del PT, refirió que existe el respaldo de priístas y perredistas a aprobar el citado dictamen, luego de que en diciembre pasado el PAN frenó la votación con el argumento de que antes debía realizarse una consulta.

Enoé Uranga Muñoz, del PRD, envió una carta al procurador Arturo Chávez para señalar que el Ministerio Público Federal sólo tiene facultades de presentar una acción de inconstitucionalidad en materia penal, y no del orden civil, luego de que ministros de culto le solicitaron iniciar un recurso contra la reforma al Código Civil que permite las uniones gays.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priístas, sostuvo: hay quienes se someten a las reglas divinas y quienes nos sometemos a las reglas de la ciudadanía, como es la Constitución y las leyes que de ella emanen. “Si un miembro de la Iglesia delinque –dijo–, se tendrá que someter a las reglas terrenales; no esperaremos que se haga justicia divina.

El coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, dijo no concordar con las declaraciones del cardenal Rivera; uno de los avances que permiten distinguirse como país de leyes es, precisamente, la separación de la Iglesia y el Estado.

Tapadera del clero

El diputado Alejandro Sánchez Camacho, vocero del PRD en la ALDF, sostuvo que Gómez Mont se ha convertido en tapadera de la jerarquía católica, pues frente al embate contra las citadas reformas legales que aprobaron su respuesta ha sido enmudecer o bien hacer declaraciones superficiales; de seguir así, lo más correcto es que renuncie a su cargo.

“Rechazamos categóricamente –dijo– que el sector más conservador de la Iglesia se convierten en gatillero de los núcleos de la derecha de la ciudad y de nuestro país atacando el Estado laico.”

Mencionó que analizan presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del titular de Gobernación.

David Razú y Maricela Contreras, también del PRD, consideraron que la ausencia de sanciones por parte de la SG está provocando un crecimiento del conflicto que no conviene a la sociedad.

Para Arturo López, del PT, la Iglesia católica no tiene calidad moral para llamar a desacatar las leyes.

El líder del PRD-DF, Manuel Oropeza, exigió al gobierno federal dejar de ser cómplice de la ilegalidad, los prejuicios y la irracionalidad de la Iglesia católica, que prácticamente se ha asumido en pleno desacato a la Constitución.

Finalmente, el PAN en la ALDF emitió un comunicado en el que informa que su lideresa en el DF y coordinadora de sus diputados, Mariana Gómez, envió una carta a Mariagna Prats, presidenta del patronato del DIF-DF y esposa del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en la que le pide intervenga ante los atropellos a los derechos de los niños que podrían ser adoptados por parejas del mismo sexo.