En la actual gestión gubernamental, el número de expedientes bajo reserva y confidenciales ha crecido poco más de 50 por ciento, al pasar de casi 4 millones a 6 millones 125 mil 497 unidades. Tan sólo el año pasado fueron reservados 189 mil 689 documentos oficiales, según se desprende del Índice de Expedientes Reservados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Por su lado, ese instituto ha avalado la reserva y confidencialidad de decenas de asuntos social y políticamente controvertidos, no sólo por su contenido, sino por la dimensión del tema que se mantiene en secreto.

Algunos de los más relevantes en 2009 son: la investigación del accidente en que murieron Juan Camilo Mouriño y otros funcionarios; las averiguaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo; la identidad de las instituciones bancarias comerciales y de particulares que compraron mil 60 millones de dólares al Banco de México en febrero de 2009; la polémica resolución de la PGR respecto del ejercicio de la acción penal contra Andrés Manuel López Obrador por el caso de El Encino.

También la reserva por 12 años del informe rendido por el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el enfrentamiento entre las comunidades de Viejo Velasco y Nueva Palestina en Ocosingo, Chiapas, pese a que los hechos ocurrieron en 2006.

Los ciudadanos tampoco podrán conocer los nombres de los servidores públicos y actores sociales que tienen escoltas de la Policía Federal, ni el número y tipo de armamentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vende a los municipios y gobiernos estatales.

Aún más, la ciudadanía nunca podrá saber los nombres de los maestros externos y contratados por la Secretaría de Educación Pública que reprobaron la evaluación del primer Concurso Nacional de Oposición para Plazas Docentes 2008-2009, ni las notas diplomáticas que México y Estados Unidos intercambiaron con motivo del Operativo Casa Blanca (incluyendo información sobre lavado de dinero), ni las investigaciones de movimientos políticos radicales (entre ellos, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO), que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Por otro lado, gran parte de los expedientes reservados por las 245 dependencias y entidades del gobierno federal, aún no pasa por la valoración y estudio del IFAI, a menos que un ciudadano haga una petición de información.

Por ejemplo, la Presidencia de la República reservó del 3 de febrero de 2009 a la misma fecha de 2016 todo el material de apoyo de los asesores a Felipe Calderón, sobre la planeación, evaluación, información y política.

La Secretaría de la Función Pública tiene bajo reserva más de 200 auditorías sobre la gestión pública, entre ellas la indagatoria que se inició a Vicente Fox al término de su gestión por enriquecimiento ilícito.

Encabezan la lista de reservas el Instituto Mexicano del Seguro Social (con 973 mil 345 expedientes personales), las comisiones nacionales para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (501 mil 476) y Bancaria y de Valores (228 mil 564), la Policía Federal 221 mil 909) y el Servicio de Administración Tributaria (529 mil 098), por citar algunas.