La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó un catálogo de 14 propuestas que buscan contribuir a la implementación de una reforma constitucional de gran calado en el país. Se trata de un paquete de sugerencias para reformar varios artículos de la Carta Magna que durante tres años redactaron juristas y académicos en respuesta a una convocatoria lanzada por el máximo tribunal del país.

“Las 14 propuestas aquí contenidas guardan una relación más estrecha con la denominada reforma del Estado, pendiente en el Congreso de la Unión, en los términos adoptados en la Ley para la Reforma del Estado. De adoptarse una visión más amplia y considerarse la impartición de justicia como una de las funciones esenciales que el Estado tiene a su cargo, deberán contemplarse muchas otras contenidas en la agenda judicial del Libro blanco”, refiere el documento que puede consultarse en la página de Internet de la Corte.

Entre las sugerencias que hizo el Poder Judicial al Legislativo –ambos federales– destaca la propuesta de dotar de facultad de iniciativa a la SCJN y a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, ya que en los temas que incumben a la administración y procuración de justicia los primeros en percibir deficiencias e insuficiencias son quienes se encuentran a cargo de dichas funciones y con frecuencia advierten formas en las cuales éstas pueden ser subsanadas.

La Corte también sugirió al Congreso la posibilidad de que regule o, de plano, elimine la facultad de investigación conferida al máximo tribunal por el artículo 97 constitucional, a la cual abogados y defensores de los derechos humanos han dado un uso recurrente en los tres años recientes, fundamentalmente con la intención de evidenciar violaciones graves de garantías individuales en que de manera frecuente incurren los gobernadores del país, quienes utilizan a los sistemas de justicia estatales con propósitos personales.

Sobre el mismo tema, la SCJN destaca que hay voces que advierten que esa facultad no es propia de un tribunal constitucional y, por tanto, debe ser eliminada, pues esas voces señalan que a raíz de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, la facultad de investigación ha perdido vigencia.

La Corte sostiene que “algunas de las propuestas que contiene el presente documento –recabado a lo largo de tres años– inciden en otros de los temas del artículo 12 de la Ley para la Reforma del Estado”.

En 2007, al tomar la iniciativa que busca rediseñar la vida institucional del país, el Congreso se puso reglas inéditas mediante una ley que establecía un plazo de 12 meses para alcanzar acuerdos.

Además, dividió el proceso en cinco temas: Régimen de Estado y de gobierno, Democracia y sistema electoral, Federalismo, Poder Judicial y Garantías sociales.

De hecho, se conformó una mesa para la reforma del Estado, instalada el 25 de abril de 2007 con el nombre de Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, la cual ha recabado más de 800 propuestas, principalmente provenientes de los partidos políticos.

Es en ese contexto que la SCJN presentó su propio catálogo de propuestas.

Por ejemplo, el máximo tribunal asegura que es indispensable dotar de “garantías presupuestales al Poder Judicial de la Federación, pues la independencia y autonomía que requiere la impartición de justicia en un Estado democrático necesita este tipo de garantías para la función jurisdiccional.

Otras propuestas de la SCJN buscan que se reconozcan a nivel constitucional los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que se ubique de manera jerárquica a los tratados internacionales dentro del orden jurídico mexicano.

La Corte también planteó una modificación toral en materia de amparo. La reforma en materia del amparo es una condición previa y necesaria, mas no suficiente, para mejorar sustantivamente la impartición de justicia en el país, dado que esta institución, conecta, articula y da congruencia al sistema de justicia en su conjunto.

Fortalecer los órganos de impartición de justicia locales, ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la legitimidad de la justicia, son otras de las propuestas de reforma que implicarían la modificación de más de 20 artículos de la Carta Magna.