La aprobación de la propuesta del Ejecutivo federal para incorporar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales implicaría cambios sustanciales en el plano logístico, imprescindibles modificaciones en los plazos para desahogar los recursos legales y reclamaría una mayor exigencia de participación ciudadana en la organización de los comicios.

Paralelamente, si se aprueba la reducción del número de integrantes del Congreso de la Unión, especialmente la disminución de diputados federales, el Instituto Federal Electoral (IFE) tendría que verse inmerso en un nuevo proceso para adecuar la estructura distrital y definir lo que serían los 240 nuevos distritos electorales federales –actualmente son 300–, si la propuesta presidencial se avala en sus términos planteados.

Los alcances de esta reforma deberán conferir al IFE alrededor de un año para que se puedan instrumentar lo cambios institucionales que requeriría para adecuarse al nuevo esquema de elección, considera el consejero electoral Alfredo Figueroa, presidente de la comisión de capacitación electoral y educación cívica. Lo anterior, sostiene, para realizar el proceso de redistritación, principalmente, aunque también para desarrollar otros procesos institucionales internos.

Sin embargo, Figueroa sostiene que el costo de las elecciones no se incrementará sustancialmente, pero esto implicaría que, entre otros aspectos, los ciudadanos que participaran en la organización de la primera vuelta lo hicieran también en la segunda. Lo anterior tanto para reducir costos como tiempos, pues dado el esquema de selección y capacitación de los funcionarios de casillas que prevalece en México, se complicaría y prolongaría demasiado de no involucrarse los ciudadanos en los dos procesos.

Proceso complejo

En este sentido, citó que los esquemas de seguridad que tienen los comicios deben tomarse en cuenta para fijar los plazos, de aprobarse, entre la primera y segunda vueltas.

El consejero puntualizó que en el caso de las boletas no solamente son los plazos de impresión con el papel seguridad que se utiliza en México: no es un tema aislado, sino vinculado a otros procesos en los que está involucrada la estructura del instituto, pues se trata del enfajillado de las papeletas, su distribución bajo custodia militar, las medidas de control en las juntas locales y en las juntas distritales.

Figueroa subrayó que cuando se piense en la segunda vuelta debe partirse de entender que prácticamente no hay elecciones en el mundo con la complejidad que se tiene en México, por los múltiples candados de seguridad, independientemente de los recursos con que cuentan los partidos políticos para impugnar determinaciones de la autoridad electoral.

Otro de los temas que tendría que experimentar cambios importantes es el de los recursos legales interpuestos y los plazos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puerda revisarlos.

En 2006, la calificación de las elecciones donde se dio como ganador a Felipe Calderón concluyó dos meses después de realizados los comicios, pues no fue declarado presidente electo hasta el 5 de septiembre.

–¿Quitaría presión este esquema al IFE?

–No despresurizaría al IFE, porque creo que habría mayores presiones en una segunda vuelta en términos organizativos.

Puede ser bueno para desactivar posibles conflictos poselectorales, porque en los países donde hay segunda vuelta la diferencia entre los contendientes tiende a ser más amplia.

–¿Sería más manejable en cuanto a resultados?

–Sí, aunque ahora tenemos recursos legales para que el IFE pudiera realizar los recuentos y establecer con claridad las diferencias que se dieran en una elección. Por supuesto que ahora ya hay herramientas que antes no tenia el instituto.

En contraste, todo el sistema operativo de los tiempos electorales, las precampañas y campanas tendrán una mayor complejidad para las autoridades, porque hay que entender que el IFE no son sólo sus oficinas centrales, concluyó el consejero.